Para salir de la crisis (III): Medidas económicas

Después de los dos primeros artículos de esta serie, había pensado abordar las medidas estrictamente económicas para salir de la crisis cuando me encuentro con la divulgación del documento de la OCDE Perspectivas Económicas donde se puede leer, no sin cierto sobresalto, aunque tampoco con sorpresa, que es necesario Ability of policy makers to find a credible solution to the debt crisis, en román paladino y en la línea que vengo aclamando desde hace tiempo, "habilidad de los políticos para encontrar soluciones creíbles a la crisis de la deuda".

En líneas generales, dicho estudio anuncia un desarrollo desigual para los distintos países de la UE en función del grado de endeudamiento de las economías y atribuye más problemas donde es más alto. Encuentra mayores incertidumbres en la intensificación de la crisis de la deuda. Es decir, que se va a profundizar la diferencia entre quienes se están defendiendo mejor de la crisis y quienes están pagando primas de riesgo. No prevé tensiones inflacionistas, conclusión importante puesto que propone que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés para estimular la economía: el crédito más barato reduciría el coste y los riesgos de las inversiones, lo que requeriría que no haya una espiral de subida de precios. También se vislumbra su apuesta por políticas keynesianas cuando señala las dificultades que algunos van a encontrar para financiarlas; es más explícito al invitar a demorar el ajuste presupuestario en tanto no se recupere el crecimiento. En cuanto a las cuestiones pendientes de resolver, apunta a la necesidad de fuentes diversificadas de financiación, las requeridas por Gobiernos y bancos y la inestabilidad del mercado secundario. Finalmente, destacaría el argumento a favor de usar el sistema fiscal para apoyar el crecimiento y crear empleo.

Las proyecciones para España son malas: recesión durante todo el año 2012, porque la demanda será baja a consecuencia de los planes de consolidación presupuestaria y el desapalancamiento del sector privado. Sí parecen mejor las estimaciones sobre la capacidad para reducir el déficit público, si bien a un alto precio dado su efecto negativo sobre el crecimiento. El texto recoge importantes recomendaciones tributarias: subir la recaudación por IVA e incrementar el peso de la imposición medioambiental; junto a ello, medidas para controlar mejor el déficit de las Comunidades Autónomas. En el ámbito laboral, se insta a lograr una más amplia formación profesional y eliminar la dualidad de contractual.

Estos planteamientos llegan en pleno debate sobre las medidas a tomar para superar la crisis. En realidad, la discusión a veces no parece ser la de cómo salir de esta situación económica, en cuanto algunos sólo hablan de cómo cuadrar las cuentas, atendiendo a lo urgente y olvidando lo importante. En todo caso, mientras la OCDE parece apostar por la necesidad de estimular la economía según la teoría keynesiana, hay líderes europeos que insisten en que la prioridad es acabar con el déficit.

Los economistas han consensuado valorar la marcha de la economía en función de la producción en cada territorio en un determinado período de tiempo. Así, el PIB sería la producción lograda y se mediría por comparación con ejercicios anteriores en términos porcentuales. Pero, ¿qué hay que hacer para que se incremente la producción? Antes de contestar a estar pregunta debería hacer una advertencia: el bienestar de una sociedad también depende de ciertos bienes y servicios públicos intangibles, no mesurables y que, por tanto, no recoge el PIB: por ejemplo, el valor de la educación que adquieren los niños o el de estar sano. Es importante tener esto en cuenta porque corremos el riesgo de obsesionarnos con unas cifras que pueden olvidarse de factores determinantes para nuestro futuro.

En una economía de mercado mixta, son los agentes particulares quienes más influyen en la determinación del crecimiento económico. Pero, ¿qué les incentiva a producir? Desde luego, la perspectiva de vender o prestar servicios, esto es, que los consumidores demanden lo que ellos producen. En situaciones de crisis, cuando cuesta mucho trabajo realizar transacciones se plantea la duda sobre cómo hacer para mantener el nivel de actividad. A esta cuestión, los economistas responden de forma diversa según su escuela.

Así, la teoría keynesiana predice que cuando la actividad está parada, el único agente económico capaz de mantener el nivel de demanda es el Estado. Por eso John M. Keynes le recomendó a Roosevelt lanzar el new deal en los años treinta: el objetivo era que el Estado se endeudase, aumentara su presencia y de forma derivada creciera el consumo, se recuperara la economía y el empleo. La versión actual de la teoría neoclásica (Escuela de Chicago) predice que es mejor reducir el déficit público y que el Estado no gaste por encima de sus posibilidades, esto es, apuesta por la austeridad: cuando el déficit y la deuda acumulada son muy altos, los ciudadanos y las empresas se dan cuenta de que tendrán que pagarlos con impuestos; por eso, un plan de fuerte de reducción del déficit que sea creíble a medio plazo (es decir, que recorte gastos estructurales como las transferencias sociales o los salarios públicos) les daría una señal muy importante de reducción de sus impuestos futuros que se traduciría en un aumento de sus planes de consumo e inversión. Según esta lógica, el efecto compensatorio de este aumento en la actividad del sector privado podría compensar la caída de la actividad del sector público y terminar teniendo efectos netos positivos sobre el crecimiento económico. Los defensores de estas tesis se refieren a las experiencias de Finlandia, Irlanda o Suecia en los noventa, que parecen mostrar que los ajustes facilitaron la recuperación.

Creo que es necesario valorar debidamente las experiencias de los tres últimos países. En realidad, distinguiría el caso irlandés del nórdico. El primero sumó a la austeridad, con bajos impuestos, una política agresiva de ayudas públicas fiscales para atraer masivas inversiones del exterior con mucho aporte de capital extranjero y menos producción efectiva. El resultado ha sido desastroso en el medio y largo plazo, hasta el punto de que han tenido que ser rescatados por la UE: burbuja financiera, burbuja inmobiliaria y una hacienda pública depauperada incapaz de atender sus compromisos. Los países nórdicos son economías con una presión fiscal muy elevada, de tal forma que la austeridad no ha excluido que dispongan de servicios públicos de alta calidad. En particular, la educación, que les permite tener gente muy formada, muy productiva y con mucha capacidad para competir en los mercados internacionales. Se trata además de economías muy internacionalizadas en términos relativos, esto es, el sector exterior tiene una gran dimensión si se compara con el consumo interno. El resultado es que sus exportaciones han contribuido de forma muy clara a aumentar la demanda, lo que nos lleva a valorar justamente la capacidad de la austeridad para salir de la crisis.

En el caso español, la austeridad se convierte en la reducción de los servicios de educación, de por sí poco valorados, y de las prestaciones sanitarias, que pueden dar lugar a mayores costes de producción cuando falla la salud de la clase trabajadora. Nuestro sector exterior es además mucho menor que en los países nórdicos. Habría que añadir algo fundamental: la austeridad juega su papel cuando existe confianza, cuando los consumidores no reparan en comprar y los inversores no tienen miedo a arriesgarse. Basta tomarse un café en cualquier establecimiento de nuestro país para observar que este índice está por los suelos y que nadie se siente seguro ni para lo uno ni para lo otro. Dicho lo anterior, tampoco parece posible que las Administraciones públicas puedan ponerse a gastar sin tener con que pagar sus facturas, lo que supondría echar más leña al fuego cuando nuestras empresas tienen graves problemas financieros. En estos términos, ¿qué se puede hacer?

Pues se deben revisar nuestras prioridades. No se debe pensar sólo en el ajuste del déficit de 2012, sino también en los que habrá que hacer en 2013 y después; se debe pensar también en las consecuencias de la recesión y en cómo hacerle frente. En consecuencia, es necesario acometer una reducción selectiva del gasto e incrementar moderada e inteligentemente los impuestos no nocivos para el crecimiento que permitan financiar inversiones.

En relación con el gasto público selectivo, cabe priorizar las partidas que estimulen la demanda y contribuyan a fortalecer nuestra capacidad productiva: infraestructuras, educación, formación, reciclaje, investigación y desarrollo. Esto nos permitirá ser más competitivos y productivos, mejorando nuestras posibilidades de producción y exportación. Y se deben revisar y reducir los gastos corrientes, en particular los de personal. Si somos más pobres, sólo cabe pagar sueldos más bajos, lo que no excluye políticas a largo plazo que fidelicen a los trabajadores públicos en la medida en que sus perspectivas para después de la crisis les estimulen.

Se debe también mejorar la capacidad recaudatoria del sistema fiscal con nuevas figuras tributarias que no se resientan con la crisis. Hay que eliminar más desgravaciones fiscales y muchos tipos de gravamen reducidos. Se debate mucho acerca de subir el IVA, pero se debe medir sus efectos sobre el consumo y evitar que se traduzca su incremento en reducción del gasto privado. Sí cabe elevar la incidencia fiscal sobre la energía y las emisiones de CO2. Y, cómo no, recuperar el impuesto sobre el patrimonio para contribuir a financiar a las Comunidades Autónomas. En cuanto al sector financiero, Alemania, Francia, Chipre, Dinamarca, Hungría, Letonia, Reino Unido y Suecia han introducido recientemente tasas sobre bancos, no sobre las transacciones financieras. Dinamarca, Francia, Grecia e Italia cuentan a su vez con impuestos sobre actividades financieras. Estas últimas figuras deberían tener en consideración las necesidades de financiación bancaria, de forma que las pérdidas de valor de los inmuebles que tienen en cartera deberían reducir la carga fiscal. Pero merece la pena pensar si se pueden obtener recursos adicionales de un sector que no está gravado por el IVA.

Finalmente, la reforma laboral debería estar inspirada en la flexiseguridad, lo que requiere, más que reducir el coste del despido, políticas activas de empleo, esto es, las necesarias para capacitar a nuestros parados para que encuentren pronto una nueva ocupación, incluso si es necesario el autoempleo.

Y una advertencia, no reiteremos los errores del pasado: la construcción residencial no genera valor añadido permanente ni constituye inversión sobre los que basar el desarrollo económico. Por tanto, no volvamos a usar la fiscalidad para abaratar artificialmente el precio de la vivienda.