Falta de rigor jurídico en Andalucía

Esta pasada semana el consejero de Interior y Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, volvía a ser foco de polémica por sus excesos verbales. En esta ocasión, no tuvo mejor ocurrencia que hacer comentarios sobre la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya. Anteriormente, ya se había referido a ella nada más tomar posesión de su cargo, al afirmar que en su calidad de jurista, no compartía en absoluto determinadas resoluciones judiciales dictadas por Mercedes Alaya a propósito de los ERE. Y también en relación con el mismo caso, llegó a aseverar que a sus compañeros fiscales les había caído “un buen marrón” con ello.

No se puede empezar con peor pie. De hecho, o bien el señor de Llera tendía que haber dimitido ya, o bien José Antonio Griñán debería haberlo cesado. Que alguien con responsabilidades en materia de justicia -y con formación jurídica; Emilio de Llera es fiscal- se exprese en semejantes términos es inaceptable. El tema de los comentarios hacia el físico de la juez o sobre el cometido de los fiscales sevillanos puede parecer menor, pero no lo es viniendo de alguien que ostenta el cargo de consejero de Interior y Justicia. En cambio, sí reviste mucha más gravedad el que alguien con la responsabilidad del señor de Llera se permita criticar abiertamente resoluciones judiciales sobre un caso aún en fase de instrucción.