Artur Mas avanza en su iniciativa soberanista. A diferencia de otras propuestas, el pacto fiscal convence al resto de formaciones catalanas, incluido, aunque con matices, el Partido Popular de Alicia Sánchez-Camacho.
El empeño de Mas es que sea la Generalitat y no el Estado quien recaude los impuestos. La fórmula, una agencia tributaria propia conectada, eso sí, con la Administración Central del Estado y la Unión Europea.
Es difícil calibrar la incidencia de la cordial relación entre populares y convergentes en el Congreso de los Diputados, como también difícil se hace contemplar que a Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro les seduzca el plan. Al menos, en el primer frente, el catalán, el pacto fiscal gana peso sin que Sánchez-Camacho sea obstáculo. Sus condiciones son sencillas de entender: los acuerdos deben favorecer el crecimiento económico, la ayuda a las empresas y rebajar la presión impositiva.
Ante ella, Mas se comporta conciliador e incluso renuncia a esa agencia tributaria. Ante ella, también, Mas ofrece un modelo fiscal diferenciado del pelotón de comunidades pero dentro del régimen común. Este discurso dista del que el presidente se sirve ante partidos catalanistas como ERC o ICV, a los que vende independencia, o al empresariado, que sostiene que
la receta no es oportuna si de generar certidumbre en la economía española se trata.
Mas ha de abandonar los bandazos y definir la estrategia, que será indefectiblemente una. En todos los supuestos de aprobación, Cataluña gana soberanía, pero sólo la firma del Partido Popular, se cuente o no con el resto, encaminará el esfuerzo al éxito. No muy lejos, la opinión socialista. Según su líder, Pere Navarro,
el modelo ha de ser "singular", pero "bilateral"; "justo", pero "solidario". Y así debe ser el borrador final o todo lo trabajado habrá resultado vano. La aprobación en el Parlament es sencilla, pero insuficiente cuando el texto viaje a Madrid si no llega con la firma de Sánchez-Camacho, por mucho que Duran peleara en los despachos de la Carrera de San Jerónimo.
Rajoy ha tenido que desdecirse en numerosas materias, pero no transige en la cesión de competencias o privilegios, como ya ocurrió en la tramitación de los Presupuestos de 2012, de los que se desentendió CiU al no lograr contrapartida, en este caso económica, a cambio de su voto favorable. La bancada popular arroparía un régimen que potencie la competitividad catalana y un sistema de impuestos consensuado, pero que en modo alguno sitúe a esta autonomía en mejor posición que el resto -o se desataría una guerra de reproches- y mucho menos que contente al secesionismo.
Cataluña tendrá un patrón nuevo si su presidente es más realista que su sueño y ambición, "una capital federal con poderes reales en Europa". Está convencido de que sólo así tendría las herramientas suficientes para salir se la crisis y ser locomotora de todo el Estado. Muy a su pesar, todo lo que pase por no contentar a Sánchez-Camacho significará perder la partida en la casilla de salida. Decide Madrid en última instancia. La independencia fiscal tendrá que esperar.
Si (
No(
