Depurar responsabilidades en el sistema financiero

Cristóbal Montoro eligió un mal día ayer para comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Suele encargarse de estos menesteres la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pero estaba en Estados Unidos intentando reparar la imagen de España ante el Secretario del Tesoro norteamericano y la presidenta del FMI. Así las cosas, la buena noticia del déficit cero de las comunidades autónomas durante los tres primeros meses del año fue eclipsada por un nuevo record al alza de la prima de riego, totalmente descontrolada.

Desde este periódico hemos criticado en más de una ocasión la falta de contundencia del Gobierno a la hora de llevar a cabo su programa de reformas. Por otro lado, son incuestionables los esfuerzos que se están haciendo para sacar a España de la crisis, y no sólo desde la esfera política. Y es que ayer se conocía que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para depurar “todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro” e investigar “si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo”.

No se trata sólo de dirimir responsabilidades penales, sino también, como señalaba el propio Torres-Dulce, “de carácter político, societario, contable, o tributario”. Ello servirá no sólo como medida disuasoria de cara a evitar mala praxis a fututo, sino como una señal cara al exterior de que en España se asumen responsabilidades ante determinadas actuaciones. Es posible que eso no baje la prima de riesgo a corto plazo pero, al menos, ayudará a restañar la credibilidad como país.