El Tribunal Supremo de EEUU respalda el empleo de la inyección letal

Aunque la pena capital se había paralizado en Estados Unidos después de que la inyección letal fuera llevada a los tribunales por los reos del corredor de la muerte, el Tribunal Supremo ha respaldado esta tarde el empleo de la inyección letal en el estado de Kentucky.

Los condenados cuestionan la legitimidad del empleo de este método para aplicar la pena de muerte, ya que, según dicen, atenta contra la prohibición constitucional de castigos dolorosos innecesarios. De esta forma, la Justicia norteamericana ha respaldado el empleo de un cóctel de tres fármacos, usado en la mayoría de las ejecuciones en las últimas tres décadas en ese país, para aplicar la pena máxima a los presos.

La paralización de las ejecuciones que tiene lugar desde finales de septiembre verá su fin después de la decisión, que quita la razón de ser de las denuncias de los presos que obligaron, a finales de septiembre, a una suspensión temporal.

No podrán salvarse del procedimiento dos de los reos condenados a muerte en Kentucky, que solicitaron un cambio de metodología dado que la forma actual de llevar a cabo las ejecuciones viola la prohibición constitucional sobre castigos crueles o extraños, por inflingir un dolor y sufrimiento innecesarios. Pero la decisión judicial allana el camino para que se reanude la pena capital. Siete votos favorables silenciaron la voz de los reos.

Los opositores a la pena de muerte alegan que los prisioneros condenados pueden sufrir un dolor excruciante, sin ser capaces de manifestarlo, si reciben una dosis demasiado pequeña del anestésico. Los estados comenzaron a usar el cóctel de la inyección letal en 1978, como una alternativa a los históricos métodos de ejecución; la silla eléctrica, la cámara de gas, la horca y el paredón.

Sin embargo, en los últimos años ha habido numerosos casos de inyecciones "chapuceras" en Florida y California, en las que los condenados tardaron hasta 30 minutos en morir. Las ejecuciones en EEUU disminuyeron a un mínimo histórico de la última década: 42 personas.