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El Senado rechaza todos los vetos a la reforma laboral

martes 12 de junio de 2012, 18:57h
El Senado ha tumbado los vetos a la reforma laboral presentados por PSOE, ICV y PSC en la Comisión de Empleo, con 16 votos en contra del PP, uno de CiU y otro del Grupo Mixto, así como con una abstención del PNV. Los únicos votos a favor han sido los 6 de PSOE y otro de la Entesa. Además, la comisión ha votado las 574 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios, de las que sólo se han aprobado 11 de las 12 modificaciones presentadas por el PP, que ha recibido el apoyo de UPN. Asimismo, se han introducido otras dos correcciones de carácter técnico que se han introducido a última hora.
El Senado ha rechazado los vetos a la reforma laboral que han presentado PSOE, ICV y PSC, y ha aprobado el dictamen de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, con la inclusión de once enmiendas de las doce presentadas por el PP y el rechazo del resto.

El rechazo de los vetos se ha producido con los 16 votos en contra del PP, uno de CiU y uno del Grupo Mixto; siete votos a favor: seis del PSOE y uno de Entesa y la abstención de los senadores vascos.

Respecto a las 574 enmiendas presentadas al texto, todos los grupos parlamentarios las han dado por defendidas y han sido rechazadas tras la votación, a excepción de once de las doce presentadas por el PP ya que una referida a la vida laboral de la Guardia Civil se ha retirado para tratarse en otro ámbito.

De las once enmiendas del PP que se integran al texto (aprobadas con 16 votos de este grupo y uno de UPN) destaca una, según la cual el personal fijo de las administraciones públicas tendrá prioridad de permanencia en caso de despido si hubiera adquirido su condición mediante un proceso selectivo de ingreso convocado al efecto.

Los grupos políticos cuyos vetos han sido rechazados disponen ahora de veinticuatro horas para presentar un voto particular para que tanto los vetos como las enmiendas vayan al Pleno del Senado, donde se volverán a votar el próximo día 21.

El portavoz del Grupo Socialista, Francisco Martínez-Aldama, ha justificado su veto porque, a su juicio, la reforma supone "un torpedo" en las relaciones entre trabajadores y empresarios porque desequilibra la situación en favor de los primeros y en contra de los segundos.

Entre las "muchísimas razones" para rechazar esta reforma ha destacado que abarata el despido cerca de un 60 % y se produce una rebaja salarial que hace del mercado laboral español uno de "corte asiático" que nos alejará del modelo europeo.

A juicio del PSOE, el contrato de emprendedores supone despido libre y gratuito durante un año y ha criticado el recorte presupuestario para las políticas activas de empleo.

Se ha mostrado en contra igualmente de que la reforma sirva para que trabajadores laborales del sector público puedan quedarse en la calle porque la empresa (las administraciones) alegue causa sobrevenida.

Asimismo, ha subrayado la destrucción de 800.000 empleos en 2012, frente a los 630.000 que prevé el Gobierno, por el impacto de la reforma.

La senadora del Grupo Popular Araceli Peris ha respondido a Martínez-Aldama que los datos objetivos se pueden "tergiversar, pero hasta cierto punto", y ha recordado que con el PP se crearon 5 millones de puestos de trabajo mientras que con el PSOE se perdieron 6,3 millones, y de ellos, 1,4 millones, después de su reforma laboral de 2010.

Además, ha dicho que si se bajan los salarios es con el objeto de mantener los puestos de trabajo, como han hecho "sus propios compañeros" del PSOE de Madrid, le ha reprochado.

Respecto a las políticas activas, ha recordado que se están consensuando con las CCAA a través de la conferencia sectorial para que "de una vez por todas funcionen" porque, ha señalado, "no es lo que se gasta sino cómo se gasta".

Por su parte, el portavoz de la Entesa Jordi Guillot, ha justificado el veto porque considera una verdad de "perogrullo" que la reforma sirva para crear empleo cuando se recupere la economía.

Ha coincidido con el senador socialista en que la reforma ha sido útil para los empresarios y "letal" para los trabajadores porque permite despidos más baratos, descenso de salarios, incremento de los ERE y "doblega" la capacidad de intermediación de los sindicatos.
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