Y, al final, era la banca...

Me preocupa profundamente la imagen que de los políticos y de la política se están haciendo los ciudadanos. En las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, los políticos siguen apareciendo como uno de los principales problemas del país. La calidad profesional –y hasta moral, si me apuran– de estos señores que gestionan la res publica no creo que sea ni superior ni inferior a la media del resto de ciudadanos, pero, en cambio, la exigencia a los mismos, dado que se ocupan de lo que los filósofos clásicos llamaban el bien común, debería ser mayor.

Después de darle muchas vueltas a la crisis; después de que Zapatero negase la misma hasta que ésta se impuso con sus macrocifras de una forma tan efectiva como demoledora para los ciudadanos que se fueron al paro, cerraron sus negocios y no pudieron pagar sus hipotecas y créditos; después de que el anterior y el actual gobierno hayan realizado reformas y recortes que afectan a lo que hasta hace poco pensábamos que eran derechos sociales consolidados; después de que el PP y el actual gobierno se hayan hartado de hablar de transparencia, de afirmar que iban a decir la verdad a los españoles; después de que hayamos visto que el PP y el actual gobierno se contradigan cada día y falten una y otra vez a la letra de su programa electoral, hasta el punto de que uno ya teme que harán justo lo contrario de lo que dicen; después de todo esto, resulta que el gran problema de la economía nacional era la banca, o, mejor dicho, una parte de la banca, las antiguas cajas de ahorro, ahogadas por las deudas contraídas en créditos hipotecarios vinculados a la construcción de viviendas y al comercio especulativo de terrenos. El desmoronamiento de los precios del suelo y de las viviendas, junto con el incremento de impagados, han hecho que los activos que los bancos tenían ligados al sector inmobiliario se desplomen, y que, consecuentemente, sus balances se hundan hasta límites que aún desconocemos. Y lo poco que conocemos es alarmante. Valga como ejemplo el caso de Bankia, en el que hemos pasado de unas pérdidas reducidas a unas cifras astronómicas.

Es esta misma banca de la que se enorgullecía el anterior presidente del gobierno, quien afirmó, en una famosa reunión internacional, que era la más saneada del mundo. La realidad se impuso al lenguaje y se hicieron necesarias una serie de fusiones, las cuales no parece que hayan surtido los resultados esperados. Ahora, el nuevo gobierno utiliza nuevamente la argucia de la condición performativa del lenguaje para intentar enmascarar un rescate a la banca que, por más que insistan el presidente, los ministros y los dirigentes del PP en decir lo contrario, compromete a corto, medio y largo plazo el déficit y la deuda pública española, por lo que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional estarán bien atentos a que el gobierno cumpla las condiciones que de forma más o menos velada o explícita impongan los prestamistas.

Muchos ciudadanos se preguntan si no hubiera sido mejor empezar por el rescate bancario, en lugar de por recortes y reformas que tanto perjudican a los ciudadanos, especialmente a aquellos que tienen una limitada capacidad de gasto, sin olvidar el enorme esfuerzo solidario que los funcionarios –a los que el PP se empeña en maltratar como privilegiados– están haciendo para reducir el déficit público con reiteradas bajadas de sus sueldos.

Si el rescate bancario se hubiera hecho antes, con el anterior gobierno, quizá hubiera fluido el crédito a las empresas y familias, de modo que la sociedad española hubiese podido emprender el camino de modernización necesario para salir de esta situación, sin los costes sociales que recortes y reformas han traído. Podemos especular con la idea, pero no podemos saber ciertamente lo que hubiese pasado, aunque podemos sacar una enseñanza histórica: es mejor reconocer la realidad y afrontarla a tiempo que encubrirla.

Es posible que sea un éxito del actual gobierno haber evitado –aunque está por ver– el rescate al conjunto de la economía española y haber conseguido centrar el mismo sólo en la banca. Rajoy se apuntó el tanto en una comparecencia forzada por la presión de la opinión pública y publicada. Es posible. Los ciudadanos tienen tan claro que las responsabilidades por la quiebra del sector de las cajas de ahorro es compartida por todo el espectro político, incluyendo a los sindicatos que forman parte de los consejos de administración, que, excepto que estén completamente ideologizados partidistamente, les dan ya igual esos ejercicios de retórica y de orgullo.

Se ha llegado adonde se ha llegado. Más que intentar construir una realidad que aparentemente endulce la tremenda gravedad del asunto, lo que deberían hacer los actuales responsables gubernamentales, con su mayoría parlamentaria, es crear una comisión en que se depuren todas las responsabilidades que en la mala gestión de las cajas de ahorro se hayan producido, derivando a los juzgados las que sean civiles y penales, caiga quien caiga y llegando al fondo. Sería ésta una manera de que los ciudadanos recuperen algo la confianza en los políticos y en la política. Además, hay que legislar para que esos bancos que van a ser intervenidos no puedan seguir siendo un lugar para pagar favores políticos ni en el que unos pocos se enriquezcan gracias a privilegios que ellos mismos se han otorgado con la anuencia de los responsables políticos.