¿Y si cierra mi banco?

Las alarmas están, por el momento, contenidas pero preparadas para saltar en menos de lo que canta un… político. Primero fue la Comisión Europea y alguna fuente desafortunada –o adelantada- que aseguró que las condiciones del ya cada vez más mencionable rescate a la banca española podrían pasar por la liquidación de algunas entidades problemáticas cuya quiebra no desestabilice la economía. Cuando las brasas se iban apagando con el desmentido del Gobierno de Rajoy, el pasado jueves llegó Joaquín Almunia e hizo fuego: “Si no me equivoco, uno de los tres bancos en manos del Estado - Novagalicia Banco, Catalunya Caixa y Banco de Valencia - está encaminado hacia una liquidación”. Nueva negación por parte del Ejecutivo, voces de ‘Almunia dimisión’ entre algunos dirigentes del PP y vuelta a la calma con la reunión entre el consejero europeo y el presidente del Gobierno. No hay dimisión del “desleal” que ahora ha rectificado a medias: lo que antes era un hecho, ahora es una posibilidad, pero Almunia sigue sosteniendo que liquidar algunos de los bancos con problemas que no sean una pieza clave en el entramado financiero español “podría ser” una solución.

Y entre las afirmaciones y los desmentidos de la clase política española y europea, es más que probable que el resto de los mortales se plantee una pregunta sencilla y crucial: “¿Y si cierra mi banco?”

Según el catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Joaquín Maudos, “la última palabra la tiene Bruselas”. En una entrevista con este periódico, Maudos recuerda que la ayuda de la eurozona a la banca española “no es gratis sino condicionada”, que esas condiciones “las impone quien pone el dinero” y que la obligación de liquidar entidades “es una opción”, como cualquier otra.

Ante esta posibilidad, ¿qué implicaciones conlleva para el ciudadano que tenga algún tipo de relación con el banco quebrado?

El “ranking” del cobro
Con la pelota en el tejado de Bruselas, si la Comisión Europea impusiera como condición a la ayuda al sector financiero español el cierre de algunos bancos, las entidades afectadas deberían liquidar su activo –su red de sucursales, grandes préstamos o hipotecas, por ejemplo- para poder hacer frente a sus deudas, a su pasivo, antes de echar el cierre definitivo.

Con el montante resultante se van saldando deberes según lo que Maudos denomina coloquialmente “el ranking”: una lista de preferencias de cobro de obligado cumplimiento y sentido descendente. Primero cobra el sector público –pagos a Hacienda-, después los depositantes –los ahorradores-, seguidos de los compradores de deuda –antes los de deuda ‘premier’ que los deuda ‘junior’- y por último, los accionistas. Hasta donde llegue el dinero. Sin más.

¿Qué pasa con mis ahorros si se acaba el dinero una vez saldada la deuda pública?
Aunque el patrimonio del banco, una vez liquidado el activo, sirviera únicamente para saldar la deuda con el ente público, los clientes que tengan sus ahorros depositados en el banco tendrán cubiertos hasta 100.000 euros por persona y banco por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Todo lo que sobrepase ese límite, no está asegurado.

El FGD es un fondo privado creado por las propias entidades para hacer frente a este tipo de problemas y al que cada banco está obligado a aportar un dos por mil de sus depósitos anuales. Sin embargo, con la actual crisis económica y financiera no son pocos los temores sobre la viabilidad de esta garantía.

En este sentido, Maudos reconoce que la actual capacidad del FGD, 20.000 millones de euros, se vería desbordada “sólo con la quiebra de un banco pequeño-mediano”. Sin embargo, el catedrático llama a la calma y asegura que esos 100.000 euros por depositante están asegurados porque, en caso de agotarse el FGD, “se buscaría una solución, como que el propio fondo se endeudara y pidiera financiación a otros bancos”.

El pago por parte del FGD se realiza actualmente en un plazo de tres meses, pudiendo “ser ampliado en determinadas circunstancias y con aprobación del Banco de España”, según se explicita en el site del fondo.

¿Y con mi hipoteca?
El cierre de un banco no implica la evaporación de las hipotecas que se le adeudan. No hay ventaja para el ciudadano que tenga la hipoteca en un banco quebrado: esa cantidad de dinero, con sus intereses, se sigue debiendo. ¿Pero a quién? A otros bancos.

El banco en liquidación vende sus hipotecas a otras entidades que asumen tanto las ganancias como los riesgos de impago. Tal y como señala Maudos, esta operación puede convertirse en un proceso muy largo en el que el banco comprador valora las garantías de cada crédito. Además, existe la posibilidad de que, si no se consigue “colocar” alguna hipoteca en otra entidad, sea el Estado el que asuma el cobro de esos créditos.

Con los fondos de inversión y los planes de pensiones ocurre lo mismo que con las hipotecas: no están cubiertos por los fondos de garantía, pero en caso de quiebra de una entidad se podrían traspasar a otra.

¿Debemos temer por algún banco en concreto?
A pesar de las declaraciones de Joaquín Almunia sobre el supuesto plan de liquidación de uno de los tres bancos que actualmente están en manos del Estado -Novagalicia Banco, Catalunya Caixa y Banco de Valenci- Maudos destila prudencia.

El investigador del IVIE asume que puede haber un temor más afilado en el caso de esas tres entidades, pero que, por el momento, la subasta prevista y cancelada después por el FROB no tiene nueva fecha. Estos bancos podrían cerrarse, si así lo requiere Bruselas, pero también, finalmente, subastarse o incluso reafirmarse como propiedad del Estado y pasar a formar parte de “una gran banca pública” sobre la que ya se han escuchado especulaciones, según explica Maudos. Por ahora, todo se mantiene en ‘standby’, a la espera de que se publiquen las valoraciones de las tasadoras independientes BlackRock y Oliver Wyman designadas por el Gobierno para calibrar la viabilidad de las entidades bancarias española a pesar del rescate europeo.

Aún así, tal y como resalta Maudos, “esto no es nuevo”. “Siempre es más seguro un banco grande, los llamados ‘too big to fail’ (demasiado grande para caer), como en el caso de Bankia en el que estaba implícito que el Gobierno no iba a permitir la quiebra bajo ningún concepto”, reflexiona el analista.

¿Hay peligro de una alarma social que lleve al retiro masivo de depósitos? “Personalmente creo que deberíamos estar calmados”, opina Maudos, quien recuerda que “se ha reconocido que la banca española tiene un problema, se ha pedido una ayuda y se ha recibido un sí como respuesta, además a un tipo de interés muy barato, de entre el tres y el cuatro por ciento”. Razones, según el economista, para mantener por el momento las alarmas desactivadas.