El Gobierno prevé despedir a 300.000 funcionarios para ahorrar

A pesar de que los últimos datos arrojaban este martes la mayor bajada de desempleados de la historia de este baremo, el Gobierno de Mariano Rajoy no sacó pecho por la noticia y se limito a valorarlos positivamente pero con cautela. Esta estrategia tiene como telón de fondo los duros recortes que prevé poner en marcha el Ejecutivo en las próximas semanas.

Así, según fuentes de La Moncloa consultadas por el portal eleconomista.es, el Gobierno planea despedir hasta 300.000 funcionarios con el objetivo de adelgazar el cuerpo de trabajadores de la Administración Pública y continuar con la política de ajuste y reforma presupuestaria.

Con estas previsiones en la mano, el Ministerio de Trabajo prevé que, al cierre del presente ejercicio, se destruyan en España entre medio millón y 600.000 puestos de trabajo, lo que marcaría un nuevo y triste récord en la historia reciente de nuestro país.

Plan de privatizaciones
El Gobierno de Mariano Rajoy sumará un plan de privatizaciones a las medidas que anunciará en las próximas semanas para reducir el déficit, según han indicado fuentes gubernamentales a Europa Press.

El propio Rajoy ya ha anunciado públicamente que el Gobierno tomará nuevas medidas de ajuste y que pedirá un nuevo esfuerzo a las comunidades autónomas para reducir el saldo negativo de las cuentas públicas.

Otras voces del Gobierno como Luis de Guindos o José Manuel García Margallo se han sumado ya el mensaje del presidente, aunque nadie ha querido concretar qué medidas pueden aprobarse para garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados con Bruselas.

Lo que sí parece haber quedado claro es que las medidas tendrán que recibir el visto bueno de Bruselas antes de ser anunciadas, por lo que se analizarán en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE del próximo 10 de julio.

Fuentes del Gobierno han señalado a Europa Press que también se está preparando un plan de privatizaciones con el que se pretende ingresar hasta 30.000 millones que no irán destinados a reducir el déficit, pero sí a amortizar parte de la deuda.

Este plan, que previsiblemente se aprobará antes de agosto, afectará a varios ministerios y permitirá la entrada de la iniciativa privada en numerosas sociedades y en la prestación de servicios públicos.

En concreto, el plan afectará previsiblemente a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado y Paradores, e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, contempla diversas desinveriones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España (REE).

En estos momentos, el Gobierno está estudiando qué activos tienen un valor atractivo para los inversores para evitar ventas a precio de saldo y qué empresas tienen ingresos suficientes para aliviar la tensión de la deuda española.

El anterior Gobierno quiso privatizar parte de Aena y Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y vender las participaciones de SEPI (2,71% de IAG, 10% de REE y 10,2% de Ebro), pero canceló las operaciones cuando ya había recibido el visto bueno del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) al considerar que no se daban las condiciones de mercado oportunas.

De hecho, el Gobierno actual, que se opuso frontalmente a la privatización de LAE cuando estaba en la oposición, probablemente tampoco privatice la 'joya de la corona' del Ejecutivo para evitar que el Estado deje de recaudar una cantidad anual fija a cambio de unos ingresos puntuales en un mal momento económico.