Protestas de funcionarios

Las principales arterias de Madrid volvían a colapsarse ayer por las protestas de los sindicatos que, a media mañana, cortaban el tráfico de las calles con mayor afluencia de vehículos y personas. No es el primer día que esto sucede, ni será el último. Quienes así proceden lo hacen amparándose en derechos tales como los de reunión, ambos dotados de la máxima protección constitucional. También la tiene el de la libre circulación, conculcado ayer por los manifestantes en detrimento de quienes a esa misma hora se desplazaban por la capital, mayoritariamente por trabajo.

Lo que está poniendo en claro toda esta cadena de movilizaciones es que los empleados públicos pueden ausentarse de su trabajo para manifestarse ilegalmente -y, de paso, cortando la circulación- casi a diario sin que pase nada. En la empresa privada, un trabajador que se ausenta de su puesto sin la debida justificación se expone a una sanción que puede derivar en despido procedente. Es obvio que el colectivo de funcionarios no es el responsable de la crisis económica. Pero sí es cierto que la función pública durante los últimos años ha adolecido de una organización como es debido, en los tres niveles. A consecuencia de ellos, hay organismos sobredimensionados, algunos duplicados y otros en los que falta personal y, en general, una urgente necesidad de optimización de recursos.

Todo lo cual, unido a las dificultades presupuestarias, hace que los recortes, por duros que sean, resulten imprescindibles. Que aquellos funcionarios que así lo crean conveniente se manifiesten, pero en tiempo y forma, y sin lesionar los derechos del resto de la ciudadanía. Que es, a fin de cuentas, su razón de ser.