Medidas sobre ferrocarriles: la vía a seguir

Adelgazar el aparato estatal se está convirtiendo por momentos en una de las más graves asignaturas pendientes para el Gobierno de Mariano Rajoy. Es cierto que el ritmo de reformas realizadas en los últimos meses resulta comparativamente aceleradísimo si lo contrastamos con el de otros ejecutivos de la democracia, y extraordinariamente veloz frente a la inercia del Gobierno anterior. Pero estas comparaciones esconden un alto grado de autoengaño. España está viviendo unos momentos de emergencia llevada a una situación límite, y en esa circunstancia los movimientos políticos y la toma de decisiones deben amoldarse al ritmo inclemente de la realidad. El Gobierno actual debe abandonar la comparación con la celeridad de anteriores Gobiernos y contrastar el ritmo de sus decisiones en relación con el compás de los acontecimientos económicos de la zona euro. En comparación con el vértigo de los hechos reales, el actual Gobierno ha dado numerosos síntomas de una lentitud que está provocando ya graves consecuencias.

Aplicar los duros y necesarios recortes en salarios públicos y servicios sociales junto a la subida de impuestos, sin talar decididamente la frondosa e inoperante estructura administrativa del Estado, ha producido, por lo pronto, un hiriente agravio comparativo que ha exacerbado las protestas con una virulencia que ni las propias organizaciones sindicales esperaban obtener hace uno o dos meses. Simultáneamente, ha incrementado, como era previsible, los recelos de nuestros acreedores y la desconfianza cada vez más alta de aquellos a los que les pedimos unos préstamos vitales, haciendo que los intereses alcancen una cota inasumible que puede arrastrar en muy poco tiempo al país a la bancarrota.

Desconcierta esa parsimonia cuando las transformaciones urgentísimas están en plena línea ideológica de la actual Administración. Un ejemplo de ello es la medida de liberalización del trasporte por ferrocarril tomada en el último Consejo de ministros. La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) fue un monopolio creado por el franquismo pocos meses después de finalizada la contienda civil, en un contexto de destrucción masiva, y que sobrevivió irracionalmente como tal monopolio nada menos que hasta 2005, dentro de una Unión Europea que prohíbe expresamente ese bloqueo de la competencia. Aunque el abandono del monopolio fue meramente formal y no auténticamente operativo en las disposiciones del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Finalmente, se han acelerado los trámites para que los operadores privados puedan actuar a partir del año próximo, liberando a nuestros bolsillos de una hemorragia inútil. ¿Por qué se trata de una medida aislada? Los Gobiernos autonómicos se resisten a desprenderse de cientos de empresas deficitarias que castigan el bolsillo del contribuyente, pero aseguran mayor poder político a quienes las controlan. Se anuncian las previsiones, pero la ejecución de las medidas reales se retrasa por falta de determinación para enfrentarse a los intereses creados. Aeropuertos sin actividad, empleos públicos ficticios engrosados a dedo, proliferación de un mismo organismo multiplicado en las distintas escalas de la Administración, alquileres descabellados, subvenciones insostenibles, ayudas a la cooperación verdaderamente exóticas y sin una auténtica fiscalización, el propio diseño del Estado autonómico que debería haber sido corregido ya con la máxima premura. La parsimonia e indeterminación en este ámbito, donde la actuación se realiza a cuentagotas, ha provocado que el Gobierno vaya a remolque de los acontecimientos y pierda las riendas de la situación.

La actuación en el área ferroviaria marca la línea a seguir. En los hechos prácticos y en el plano simbólico. Adelgazar el conjunto del aparato estatal exige una celeridad análoga a los trenes de Alta Velocidad, si se aspira a evitar un descarrilamiento definitivo.