Polémica tras las declaraciones de Gallardón sobre la reforma de la ley del aborto

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha considerado este lunes que el anuncio del ministro de Justicia de que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar supone una vuelta al franquismo, ya que llevará a las mujeres a la clandestinidad. En declaraciones a Efe, Martínez Olmos ha señalado que la propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón es una cortina de humo para tapar "el fracaso de la política económica del Gobierno".

No obstante, ha incidido en que "la reforma planteada tiene unas consecuencias en términos de salud de la mujer, ya que "si el aborto va a ser tremendamente difícil nos podemos encontrar con un incremento de los abortos clandestinos", lo que supone "un riesgo claro de mortalidad para la mujer que nos puede situar en la España franquista".

El representante socialista ha insistido en que abrir ahora el debate de la reforma de la ley del aborto cuando no es una prioridad para la ciudadanía tiene como objetivo desviar la atención informativa de la principal preocupación de la sociedad, que es la situación económica. Además, a su juicio, es llamativa la ausencia del debate de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, cuando se trata de un tema sanitario. Por ello, para Martínez Olmos, el asunto se está politizando y el debate es "puramente ficticio".

También el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha calificado de "un acto de cinismo" la decisión del Gobierno de reformar la ley del aborto y ha asegurado que con esta medida se intenta meter al "Estado dentro del cuerpo de las mujeres". En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Lara se ha referido al anuncio del ministro de Justicia como un "retroceso" respecto a las posiciones más avanzadas dentro de la UE. "Con esta decisión, Gallardón en este momento está representando la esencia más pura del nacionalcatolicismo de nuestro país", ha afirmado el dirigente de IU.

En la misma línea, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha considerado que lo anunciado por Gallardón "obedece a una ideología del PP" pero "en absoluto es una demanda mayoritaria de la sociedad" española. En un acto de la Fundación Sabino Arana celebrado en Bilbao, Urkullu ha recordado que la reforma de esa ley aparecía en el programa electoral del PP, pero "lo que nadie podía imaginar" -ha afirmado- era que ese cambio iba a suponer "regresar a tiempos pretéritos del año 85" (en 1985 se despenalizó el aborto en España) y así "volver a 27 años atrás".

En el lado opuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recordado que ella está en contra del aborto "radicalmente". "Yo estoy en contra del aborto radicalmente; por tanto, no sé de lo que usted me habla. Yo estoy en contra del aborto", ha insistido. Ha sido el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, quien ha trasladado en rueda de prensa la posición conjunta del Partido Popular. Floriano ha explicado que las "convicciones éticas y políticas" del partido le llevan a defender "a ultranza" los derechos de los más débiles y ha afirmado que la Constitución, las sentencias del Constitucional y las declaraciones de derechos humanos avalan la reforma de la ley del aborto.

A su juicio, las declaraciones de Gallardón son "absolutamente impecables". "Nosotros apostamos por una ley de casos y no por una ley de plazos; nosotros apostamos por la defensa de los derechos de los más débiles y, tanto en un caso como en otro, la Constitución, las sentencias del TC y las declaraciones de derechos humanos están detrás del PP", ha subrayado.

Asociaciones e instituciones de la mujer
Mientras, el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, dependiente del Gobierno Vasco, ha denunciado que la intención del Gobierno central de que la malformación del feto no sea supuesto de aborto "criminaliza a las mujeres" y responde a un discurso "maniqueo e hipócrita".

En un comunicado, la presidenta de esta organismo, María Silvestre, ha mostrado su rechazo a esta posible modificación legal porque, a su juicio, vuelve a criterios anteriores a la ley de 1985 y se justifica desde un discurso ideológico "maniqueo, falso e hipócrita". "La interrupción voluntaria del embarazo no es algo que se realice de forma frívola, irreflexiva y alegremente", ha señalado Silvestre, sino que se trata de una decisión "muy sopesada y que responde a realidades personales, sociales y económicas concretas".

Su homóloga en el Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, también ha alertado de que una legislación del aborto más restrictiva "pone en grave riesgo la salud de las mujeres". Así lo ha manifestado en un comunicado en el que, además de calificar como "muy grave", la propuesta del ministro de Justicia, ha considerado que esta posibilidad "aboca a las mujeres a llevar a cabo interrupciones del embarazo clandestinas".

Para Máñez, esta modificación legal hará que las mujeres que tengan recursos económicos acudan "a un país en el que se permita la interrupción voluntaria del embarazo", lo que, a su juicio, fomentará la desigualdad social y la inseguridad sanitaria y jurídica. Elena Máñez ha opinado que Ruiz Gallardón "está creando un problema social donde no lo había", ya que, desde 1985, en España el debate sobre el derecho a la interrupción del embarazo "es una cuestión ya superada y aceptada mayoritariamente por la sociedad".

Por su parte, la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Juristas Themis han calificado de "improcedente" y "lamentable" la reforma de la ley del aborto. Las presidentas de ambas asociaciones han coincidido en destacar, en declaraciones a Efe, que condenará a las mujeres a abortar en la clandestinidad lo que conllevará a poner en riesgo su salud y su propias vidas.

Asociaciones de jueces
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha considerado que el anuncio del ministro de Justicia supone "un ataque a los derechos de las mujeres". Bosch ha censurado en un comunicado la propuesta de castigar penalmente a las mujeres y a los facultativos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo en los casos de malformación del feto.

El portavoz de JpD ha criticado el empeño del ministro de Justicia "por criminalizar conductas que fueron despenalizadas hace varios lustros", sin que ello haya generado problemas. Gallardón plantea reformas penales "inspiradas por los sectores más conservadores de la sociedad, que representan un ataque a los derechos de las mujeres" y alejan a España de los sistemas penales europeos, ha señalado Bosch.

Otras dos de las principales asociaciones de jueces han expresado su sorpresa por el anuncio del ministro. En declaraciones a EFE, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado que, al comienzo de la legislatura, el actual ministro propuso volver al sistema de un aborto por indicaciones y no a la restricción de las indicaciones.El portavoz de la APM ha expresado su rechazo ante la posibilidad de que el Ministerio de Justicia esté tratando de desviar la atención de las críticas a su gestión creando "una crispación en la ciudadanía sobre cuestiones éticas de la importancia del aborto".

Mientras, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados "Francisco de Vitoria", José Luis González Armengol, ha opinado que el aborto por malformación del feto era "una cuestión pacífica" y "no convendría en absoluto hacer modificación alguna" en este apartado, tras indicar que hay total libertad de opiniones en este tipo de cuestiones entre los miembros de la asociación. González Armengol ha reconocido que el sistema de plazos levanta mayor controversia, pero el supuesto de aborto por malformación del feto está establecido desde hace ya bastantes años sin haber generado ningún problema.

Otras asociaciones
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha advertido del "problema de salud" de muchas mujeres que tendrán que salir al extranjero para interrumpir su embarazo no deseado por graves lesiones fetales. Según FADSP, esta modificación afectará a mujeres con menos recursos socioeconómicos, que interrumpirían su embarazo de manera clandestina y sin las debidas condiciones sanitarias.

Esta medida supondría "un gravísimo atentado contra la libertad de las mujeres", a las que obligaría, contra su voluntad, a mantener embarazos "a pesar de que las pruebas y revisiones demostraran graves taras y malformaciones en los fetos", ha considerado la federación en una nota de prensa.

Radicalmente contraria es la postura de la Federación Down España, que ha celebrado las declaraciones de Gallardón ya que, a su juicio, "posibilitará la vida de todas las personas en igualdad de condiciones". Down España ha señalado que es "éticamente inconcebible" convivir con la actual legislación, que establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

"De trasladarse las intenciones del ministro a la nueva ley, se logrará un verdadero cambio social ya que, por primera vez, se posibilitará la vida de todas las personas en igualdad de condiciones", ha subrayado la fundación en un comunicado. Asimismo, ha recordado que ha reivindicado en "múltiples ocasiones" a los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, un cambio en la regulación del aborto "para que no sea discriminatorio hacia las personas con síndrome de Down".