Arreglo del país: transparencia y responsabilidad

Y los mercados siguen golpeando, colocando un 14% más cara el pago de la deuda en la emisión de bonos del Tesoro. Y así seguimos. Y seguiremos.

La cuestión es que todos sabemos lo que es necesario hacer, pero no parece haber coraje y valor político para enfrentarse a los intereses creados. Intereses de todos, digámoslo claro, de sindicatos, empleados públicos, políticos y algunos financieros. Al final, como país latino, lo que estamos viendo es un problema cultural: que el sacrificio lo haga otro, qué hay de lo mío, y haré lo que me venga en gana, lo que me plazca.

Al igual sucedió con la brutal crisis inmobiliaria, madre de todas las crisis. El Banco de España dijo – musitó en realidad – lo que estaba ocurriendo, si bien no se adoptaron medidas de inmediato, tales como regular la independencia de las agencias de tasación con medidas severas, sacar a la luz los intereses personales de los gestores de las Cajas, despolitizar éstas y hacer buena su naturaleza jurídica como fundación, exigir mediante pastorales del Banco la regulación de la calidad de los créditos concedidos, poner incluso en marcha disposiciones de la Ley Hipotecaria sobre dación en pago innovando en el mundo de las hipotecas con normas bien establecidas inclusive en la propia Ley, y sobre todo, transparencia.

La transparencia en España es inexistente, como buen país latino que es. Incluso ahora, cuando inevitablemente por aplicación de normas comunitarias parece inevitable que sí comience algún tipo de transparencia a aplicarse a las instituciones y entidades, ya se han alzado voces enérgicamente pidiendo que vía protección de datos se impida el conocimiento debido de muchos de los temas hoy ocultos y que están en la base de la oscuridad que reina en la Administración y en la propia sociedad. Así, leyendo un reciente trabajo académico sobre la relación entre transparencia y protección de datos, se escandalizaba el autor de que por ejemplo se hicieran públicos los resultados de la concesión de becas, cuando bien mirado, creo, lo importante en un concurso de méritos es saber cuál es el baremo, cómo se ha aplicado y quien ha sido el jurado por si había amigos (o enemigos) en él; en definitiva me parece que exactamente lo que se necesita en casos como el descrito es la mayor dosis de transparencia y no aferrarse a la argucia de que así se puede perjudicar al que no se le haya concedido la beca (realmente a quien se puede acabar perjudicando es al que se le ha concedido irregularmente). Y el autor indicaba también que sería delicado conocer a quien se le ha concedido ayudas y subvenciones para luchar contra la violencia contra la mujer o contra la drogodependencia, otros dos casos en que no se sabe bien que inconveniente hay en conocer las asociaciones, organizaciones, con las personas físicas al frente, que puedan recibir estas ayudas, ya que habrá quien diga que no son concedidas regularmente, o que no se las merecían (o al revés). En definitiva, lo que quiero decir es que la transparencia es mal venida en España.

Pero resulta que sin transparencia no hay competencia (en el doble sentido de concurrencia y de aptitud) y en consecuencia la viscosidad del entorno en que se mueven las decisiones es total. Y ello lesiona gravemente las posibilidades de lograr la calidad asociada siempre a los procesos claros y competitivos.

Aún más: la única forma de exigir responsabilidades es, precisamente, disponer de transparencia en forma suficiente como para que el resultado se conozca y se puedan hacer previsiones sobre cómo se comportarán quienes tomen decisiones en el futuro.

Pero no creo que vaya a ser posible. Nos hundiremos, probablemente. Y nos hundiremos de forma fangosa, donde la inmensa mayor parte de la población va a sufrir enormemente. La inmensa mayor parte, salvo políticos, sindicalistas, y financieros, con sus cortes de mariachis asociados a ellos, sean algunos empleados públicos (asesores, etc) o demás beneficiados, sin palinodia alguna. Ellos, continuarán estupendamente.

Todos sabemos eso, como sabemos que hay que reducir el número de Ayuntamientos, de concejales – mucho más que lo hasta ahora indicado- de diputados autonómicos (¿quién conoce a los mismos y qué hacen?¿no se podría suprimir más de la mitad sin demérito alguno para la Institución?).
Antonio Garrigues Walker, indicaba en un artículo reciente que había 300.000 (trescientos mil) políticos en España más que en Alemania y en todo caso el doble que en Francia e Italia.

Si no queremos aceptar la realidad, lo pagaremos. Claro que la pregunta es ¿y cómo van a quitarse estas prebendas quienes son los propios prebendados? Porque suprimir cargos y gabelas a partidos, políticos, sindicatos y sindicalistas, y grupitos asociados, es algo que tiene que hacer el propio político, con lo cual ¿conoce usted a algún ahorcado que se haya puesto él mismo la soga?