El fraude a la Seguridad Social se penará con hasta seis años de cárcel

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido ante los medios de comunicación este viernes para hacer públicos los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros. En primer lugar, la portavoz del Ejecutivo ha desglosado los nombramientos consecuencia de la renovación de la cúpula del Ejército.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado cuatro proyectos del ley: el de la lucha contra el fraude laboral, el de Transparencia, el anteproyecto de Tasas y un anteproyecto complementario a los dos primeros documentos que ampliado en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal.

En referencia a la nueva ley para la lucha contra el fraude laboral, el proyecto modificará la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social en determinados aspectos como disfrutar indebidamente de reducciones en las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, faltas de alta y cotización por los salarios de tramitación y vacaciones devengadas y no disfrutadas o estableciendo criterios más objetivos en la graduación de las sanciones.

Además, Empleo considera que es preciso establecer un sistema en virtud del cual sean objeto de mayores sanciones aquellos supuestos de utilización masiva de trabajadores sin alta en Seguridad Social, incluidos los casos en los que sean perceptores de prestaciones por desempleo.

Por otra parte, se suprimirá el actual límite en las sanciones en materia de Seguridad Social establecido en 187.515 euros, con lo que el Consejo de Ministros podrá sancionar infracciones a partir de 125.001 euros y sin fijar tope máximo en la cuantía de las sanciones.

En concreto, se incluye una ampliación de las penas máximas de cárcel hasta los seis años por delito fiscal de más de 600.000 euros o cuando se lleve a cabo a través de organizaciones criminales o testaferros.

Concretamente, para los delitos agravados la pena máxima de prisión será de dos a seis años, frente el umbral de uno a cinco años actuales. Además, el plazo de prescripción pasará de cinco a diez años también para los restantes supuestos de delito fiscal.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado que esta modificación persigue actuar con "más contundencia" contra este tipo de delitos.

Además, ha explicado que el proyecto de ley contempla que cuando se descubre en una inspección tributaria la existencia de un posible delito fiscal, para evitar que el supuesto defraudador se desprenda de todas sus posesiones, se comenzará a realizar el cobro desde el primer momento en lugar de esperar al momento de la sentencia, salvo que el juez decida otra cosa. Esta modificación también se aplicará a los casos de fraude en el cobro de subvenciones o prestaciones.

Por otro lado, el Gobierno también espera dar una "respuesta tajante" a las tramas de fraude en el IVA. En este caso, no será necesario esperar al transcurso del año cuando se defraude más de 120.000 euros. Así, se podrá proceder a la denuncia inmediata en lugar de tener que esperar a la finalización del año natural para poder denunciar el hecho como delito fiscal.

El proyecto de Ley incluye asimismo una serie de mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente y aumentar la recaudación.

Entre ellas figura un atenuante --rebaja importante de la pena-- por reparación del prejuicio económico causado a la Hacienda Pública. Se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.