[i]Nuestras vergüenzas[/i]

Hasta hace bien poco los problemas más complejos con que tenía que enfrentarse España para salir de la crisis eran las debilidades del sistema financiero y el alto coste del creciente endeudamiento. Pero después de que la UE haya asignado a nuestro país una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para sanear a los bancos que lo necesiten y tras la intervención de Draghi, prometiendo hacer lo que sea necesario para salvar el euro y para acudir en ayuda de quienes, como España e Italia, están afrontando intereses prohibitivos para colocar sus bonos, parece que el punto de mira se ha situado sobre las comunidades autónomas. De puertas adentro las críticas al despilfarro o desmadre autonómico han sido frecuentes, por no decir continuas. Y lo cierto es que los motivos no han faltado. Lo que sucede ahora es que las críticas vienen de fuera, una de las últimas la procedente del Fondo Monetario Internacional que, no lo olvidemos, forma con el Banco Central Europeo y con la Comisión Europea la temida troika que tiene como misión poner en orden unas finanzas que, para los países que comparten el euro, ya no son exclusivamente nacionales porque las malas gestiones de algunos acaban repercutiendo en el conjunto.

El caso es que, de pronto, nuestro sistema autonómico se ha convertido en una preocupación compartida de Washington a Francfort y de Bruselas a Berlín. Si hemos de creer algunas informaciones, la Comisión Europea estima que habría que suprimir 2.700 organismos regionales y se citan específicamente televisiones autonómicas, las mal llamadas “embajadas” autonómicas y un sinfín de empresas públicas, la mayor parte de las cuales fueron creadas en tiempos pasados sin sólidas razones de interés público y, muy a menudo, con la única finalidad de desviar abundantes caudales de fondos públicos de los ordinarios controles administrativos, para evitar auditorias y escabullirse de la actuación profesional de los interventores de Hacienda.

Hay que recordar que una de las primeras actuaciones del Gobierno Zapatero (de infausta memoria) cuando accedió al poder en 2004 fue suprimir las exigencias y controles de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A partir de entonces nuestras Administraciones Públicas se convirtieron en algo muy parecido a un puerto de arrebatacapas. Han llegado a ser vistas como nuestras vergüenzas, aunque no todas merecen la descalificación. Aunque el mal ejemplo de algunos ha tenido efectos negativos en otros con esa malhadada tesis de aspirar al techo más alto que cualquiera otra región pueda tener.

Simultáneamente, aparecen en los medios de comunicación noticias e informes sobrecogedores (en todos los sentidos que quiera el amable lector) como esa cifra de 17.000 asesores que facilita el CSIF o como ese único diputado de UPyD en el Parlamento asturiano que dispone para el solo de seis asistentes. Todo un lujo a años luz de los modestos recursos personales al servicio de los miembros de las Cortes Generales. Nada que extrañar cuando resulta que los diecisiete Parlamentos autonómicos gastan en asesores 15 millones de euros, mientras que el Congreso de los Diputados —que junto con el Senado es la sede de la soberanía nacional- solo gasta en ese capítulo 7’47 millones de euros.

Las Cortes Generales acaban de aprobar una ley en virtud de la cual las comunidades autónomas pueden gestionar de la manera que prefieran sus televisiones autonómicas, incluida la enajenación o privatización. Se admiten apuestas, pero es muy probable que los casos de privatización sean más bien escasos. ¿Por razones de servicio público, que es lo que justifica legalmente esas televisiones? Ese, por supuesto, será el pretexto, aunque todos sabemos que, al final, son instrumentos al servicio del poder regional. Los argumentos que se utilizan para justificar este teledespilfarro son de traca.

¿Nos tenemos que avergonzar del Estado autonómico? Repetiré lo que hemos reiterado desde esta columna: La idea básica de distribución territorial del poder es positiva…si se realiza bien. Pero aquí se han cometido desde el principio serios errores que se han consolidado, pero que habría que corregir cuanto antes. En primer lugar, hay que partir de que la autonomía es un instrumento de cooperación con el Estado, no un mecanismo para el vaciamiento del Estado, como aquí han pretendido muchos. El autogobierno está bien pero es falsa la idea de que “a mayor autogobierno más y mejor democracia”. Si se pasa de los límites razonables, se produce el caos del cantonalismo taifeño, como ha ocurrido, por ejemplo, con la unidad de mercado que se ha roto en España, con grave daño para nuestra economía. Es demencial que haya 17 parlamentos con capacidad legislativa plena, 17 sistemas educativos, 17 sistemas sanitarios, 17 defensores del pueblo (eso sí con nombres diferentes para despistar) y 17 de todo. Como acaba de decir Fabra, el presidente de la Generalidad Valenciana, “hemos jugado a los miniestados” y eso es inasumible, además de proyectar una penosa imagen.

En segundo lugar, no es serio un sistema autonómico permanentemente abierto porque como me dijo hace años, cuando ni siquiera estaban aprobados los primeros estatutos autonómicos, un importante responsable de una determinada región (que por cierto después ha pasado por la cárcel por su reputada y limpia gestión autonómica) “siempre habrá algo que pedir”. En los noventa, PP y PSOE llegaron a un acuerdo para cerrar el sistema autonómico, pero de ese acuerdo después no se supo más. Todo lo contrario. En la etapa zapateril se lanzaron los estatutos “de segunda generación” que en su conjunto son una aberración, pues se alejaban grave y seriamente de un sistema autonómico razonable y eficiente y que nada tiene que ver con lo que sería una interpretación auténtica de la mens legis y de la mens legislatoris

En tercer lugar hay que decir muy claramente que autonomía y nacionalismo son incompatibles per se. El nacionalismo solo acepta la primera como paso previo al soberanismo, como ahora se llama lo que antes era separatismo mondo y lirondo. La lealtad institucional es desconocida por el nacionalismo que, por definición, odia a España y su preocupación por “la gobernabilidad del Estado” es una solemne mentira, aunque haya tenido un éxito indudable. Ningún nacionalista ha contribuido a esa gobernabilidad o, si se quiere, al interés general de España, si no ha sido a cambio de ventajas económicas o de otro tipo que, en última instancia, socavaban ese mismo interés general.

En cuarto lugar, es también falsa la idea de que el poder cuanto más cercano al ciudadano, más democrático y más eficaz. Está comprobado científicamente que el poder, cuanto más próximo a la base (lo que los americanos llaman grass root) más propicio a la corrupción, el clientelismo y el despilfarro. Y aquí tenemos los ejemplos a toneladas.

La Constitución fue más previsora de lo que parece como prueba el artículo 155 que empieza así: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España…etc.” Casos que encajan en esa previsión los ha habido a montones, pero como me dijo hace ya bastantes años una persona destacada ya fallecida, “ese artículo es para no usarse nunca”… Huelgan los comentarios.

No son, pues, nuestras vergüenzas las autonomías sino la manera en que han funcionado o se han gestionado un buen número de ellas, por unas u otras sinrazones y, especialmente, por el juego sucio consustancial con el modo de hacer política de los nacionalismos periféricos. Los confesos y más antiguos y los no confesos y sobrevenidos. España —donde hay más nacionalistas por metro cuadrado que en ningún otro país europeo- no es un conglomerado artificial compuesto de diecisiete piezas, sino un todo superior a las partes que la forman que, por definición, son elementos respetables (autónomos) pero subordinados. Eso está en la historia y en la Constitución. Dos fundamentos de nuestra convivencia que algunos socavan todos los días desde hace más de treinta años.