www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

El desaconsejable Consejo del Poder Judicial

sábado 04 de agosto de 2012, 20:53h
Noticias de esta semana indican que el ministro de Justicia está dispuesto a pactar con el PSOE, y con el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, la elección de ese órgano con los mismos métodos actuales. Eso quiere decir que el ministro se desdice de la posición que su partido ofreció en el programa electoral, y que consistía en no volver a la elección parlamentaria de todos los vocales del próximo Consejo.

Ese cambio en la opinión del ministro será un error. Lo que necesitamos para el Consejo del Poder Judicial (y mucho más en el ejercicio cotidiano de las funciones de los Jueces y Magistrados) es que ese órgano asuma plenamente las responsabilidades que le asigna nuestra Constitución.

La evolución del Consejo no ha ido en ese sentido. La Constitución indica en su artículo 122.3 que los 20 vocales del Consejo se elegirán: 12 por Jueces y Magistrados, 4 por el Congreso y otros 4 por el Senado. En el primer Consejo, el que fue presidido por el excelente magistrado Federico Carlos Sainz de Robles, los 12 vocales fueron elegidos por y entre los miembros de la carrera judicial. Cuando se modificó la Ley, por una enmienda del diputado de Euskadiko Ezquerra, Juan María Bandrés, se consiguió que todos los vocales del Consejo fuesen elegidos por los diputados y senadores.

De manera que la carrera judicial no intervino en su elección. Las Cámaras parlamentarias eligieron a los 12 vocales entre Jueces y Magistrados. La Ley se volvió a cambiar con el Gobierno de José María Aznar. A pesar de que la colaboración entre los dos grandes partidos era entonces muy mala (¡como ahora!), unos llamados “Pactos de la Justicia” (¡tan ditirámbicos como atentatorios a la autonomía de las Cámaras parlamentarias!) dispuso la situación actual: la misma que el ministro quiere seguir manteniendo: los jueces y magistrados proponen candidatos entre sus miembros, y las Cámaras eligen finalmente a los 12 (que serán votados por los tres quintos de los miembros del Congreso y del Senado.)

Esa es la teoría. La realidad es menos grandiosa. Los jefes de las dos “Asociaciones Profesionales” de los Jueces y Magistrados, se pondrán de acuerdo con los jefes de los Grupos parlamentarios, y con los jefes subalternos del ministerio competente, y su decisión será votada por la inmensa mayoría de los diputados y senadores, que absolutamente no sabrán nada de los nombres que figuran en la candidatura consensuada.

En marzo de 2006 opiné lo siguiente: “El sistema de elección del Consejo del Poder Judicial, decidido en la anterior legislatura, ha empeorado las cosas. Con el sistema mixto, consistente en que las Asociaciones de jueces designan candidatos, y los Grupos políticos eligen de entre ellos a los vocales del Consejo, se ha producido la completa perversión del modelo. La dependencia del sistema partidario con este método es enorme. En primer lugar, porque las Asociaciones no sólo discriminan a los jueces no adscritos, casi la mitad de la carrera, sino que acaban por seleccionar a los candidatos más militantes, sin que esto garantice a los más representativos. Y en segundo lugar, la elección por parte de los Grupos partidarios se ajusta a la lógica de confrontación entre mayoría y oposición: como tú me obligas a aceptarte para el Consejo a un gladiador, yo no tengo otro remedio que proponerte otro gladiador. Ya no interesa para el Consejo del Poder Judicial otras cualidades que las que servirían para un buen parlamentario cañero.”
Hoy sigo opinando lo mismo, aunque con mayor convicción. ¡En caso de dudas, atenerse a los principios! ¡Y los principios se encuentran en una lectura literal del artículo 122.3 de nuestra Ley fundamental!

En la penosa confusión actual se argumenta que mantener la elección parlamentaria del Consejo es un triunfo contra el corporativismo judicial (que habría resultado muy debilitado con la dimisión de Carlos Dívar). Lo que verdaderamente no se explica no son los gastos del señor Dívar, sino la vulneración del artículo 123.2 de la Constitución, cuando fue nombrado (con un acuerdo ilegal) por el presidente Zapatero y el futuro presidente Rajoy: “El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.”
También se argumenta que mantener la actual elección (decidida por los “Pactos” entre el ministro de Justicia Acebes y el futuro ministro López Aguilar) ocasionara “el control conservador del Consejo del Poder Judicial”. Lo que resulta “reaccionariamente conservador” es dejar fuera a la mitad de la carrera judicial, esa mitad de los Jueces y Magistrados que todavía no han sucumbido a la dinámica sindical de las cúpulas de las dos Asociaciones.

Librar a la Justicia del dominio de las oligarquías que se creen por encima de los Jueces, Magistrados, Diputados y Senadores -y nunca más claramente dicho, por encima del pueblo español- es una tarea hermosa y necesaria. ¡Hacen falta voces que no se resignen a callarse!
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de El Imparcial

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.