Reforma sanitaria y demagogia

Parece que la más descarada demagogia se está convirtiendo en uso habitual con pretexto o al socaire de la crisis. Una actitud que resulta especialmente irresponsable en momentos de extrema gravedad, pues la desestabilización del Estado no contribuye precisamente, sino todo lo contrario, al clima necesario para salir cuanto antes de la crisis, y ni siquiera supone réditos electorales, como se ha comprobado en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, según el cual, el PP, aunque ha bajado en intención de voto, seguiría hoy ganando las elecciones, mientras que el PSOE no remonta en absoluto su descalabro electoral en los últimos comicios.

Uno de los asuntos donde demagogos y populistas se han empleado más a fondo ha sido la imprescindible adecuación de la sanidad pública a los momentos en que nos encontramos. Ya sobre la medida del copago vertieron un sinfín de torticeras inexactitudes y ahora han redoblado sus esfuerzos ante unas reformas que, sobre todo, se proponen luchar contra el turismo sanitario, buscando un ahorro de más de mil millones de euros.

En estas reformas se encuadra la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares a partir del 1 de septiembre, y la posibilidad de acceso a la cobertura a quienes no la tengan –el Gobierno ha aclarado que esta vía no está pensada específicamente para ningún colectivo-, a través de un pago mensual. La medida ha sido atacada con tintes apocalípticos, llegándose a decir que es una muestra de xenofobia, y presagiándose numerosos males. No pocas veces han intentado presentar los necesarios ajustes como encaminados al desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud –en lugar de a su mantenimiento- cuando la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha asegurado taxativamente que se garantiza la tarjeta sanitaria a todos los españoles.

En primer lugar, debe quedar claro que la medida propuesta no deja a los sin papeles abandonados a su suerte, pues se les proporcionará la asistencia sanitaria básica, en consonancia con la mayoría de los países europeos, por lo que sobra el alarmismo con el que algunos están arremetiendo contra la medida. Pero, más allá del caso concreto de los sin papeles, subyace que es imprescindible un cambio de mentalidad. El dinero para sustentar el Estado de Bienestar no se produce por generación espontánea, lo que a veces parece olvidarse, y sus recursos no son ilimitados. El pago de impuestos, pues, debe estar unido al acceso ciudadano a servicios como el sanitario, lo que es moneda corriente en los países de nuestro entorno. Quien contribuye, independientemente de su pasaporte es quien tiene derecho a recibir determinadas prestaciones; quien no lo hace, no acredita ese derecho.

La demagogia nunca es buen camino. Mejor que la desestabilización y el alarmismo sería arrimar todos el hombro para que se genere cuanto antes empleo y riqueza, y así los inmigrantes también podrán beneficiarse de ello.