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Errores en el caso Bolinaga

domingo 19 de agosto de 2012, 08:32h
La concesión a Iosu Uribetxeberria Bolinaga del tercer grado por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no supone que el preso etarra esté ya en la calle ni siquiera que la cuestión esté cerrada. El tercer grado implica que a quien se le ha concedido tiene que regresar a prisión solo para dormir, pero en el caso de Bolinaga su situación no ha cambiado por ahora, pues se encuentra ingresado en el hospital de San Sebastián. El tercer grado es un paso previo para obtener la libertad condicional, pero no significa que en todos los casos y necesariamente ésta le sea concedida. La decisión última corresponde al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, quien ha pedido a los médicos forenses un informe sobre la posibilidad de que Bolinaga pueda seguir el tratamiento contra el cáncer terminal que padece en la cárcel.

Es cierto que Instituciones Penintenciarias no ha dejado de atenerse a la ley, pero no lo es menos que ha actuado cuando menos con excesiva precipitación y sin tener en cuenta que esa misma ley, recogida en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, no implica una obligación de conceder el tercer grado a los reclusos que se encuentra aquejados de enfermedad grave. Y, lo que resulta más controvertido y cuestionable, que en Bolinaga no se dan todas las premisas para ello, sobre todo las más elementales de arrepentimiento y reinserción. Uribetxeberria Bolinaga no ha renegado jamás ni ha pedido perdón, sino incluso todo lo contrario, por los crímenes que motivaron su justa condena, entre los que se hallan el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y su horroroso confinamiento durante más de quinientos días en un diminuto zulo, donde, si no hubiera sido por la brillante operación de la Guardia Civil, Ortega Lara habría muerto, tras sufrir una despiadada tortura. Una tortura que da terrible cuenta de la catadura de su carcelero, uno los más crueles miembros de la banda terrorista ETA.

A ello se suma que la concesión del tercer grado se ha producido en unos momentos muy especiales, en los que la banda y sus voceros se han empleado a fondo para presionar y chantajear al Gobierno, montando un auténtico circo de huelgas de hambre, que, en muchos casos, ni siquiera eran tales. Lo mínimo habría sido no precipitarse en esa concesión y considerar con prudencia todas las circunstancias en juego, pues lo que se recoge en el Reglamento Penitenciario para estos casos no es una obligación, sino una medida de gracia. Máxime cuando al propio Gobierno no se le escapaba que el tercer grado a Bolinaga iba a ser vendido por los etarras como un “triunfo” propio.

A la inmensa mayoría de los españoles produce una honda inquietud y no poca repugnancia que individuos como Bolinaga puedan beneficiarse de la grandeza de un Estado de Derecho, y esa mayoría comprende el malestar de las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, que se merecen y cuentan con el apoyo de toda la sociedad. En el caso Bolinaga es preciso que las actuaciones sean especialmente cuidadosas, y, que, con absoluto rigor, se cumplan todas y cada una de las condiciones para aplicar la medida de gracia que supondría la libertad condicional para el etarra.
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