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no afectaría a su rating

Goldman Sachs y S&P apuestan por un rescate de España en septiembre

miércoles 22 de agosto de 2012, 18:48h
El Gobierno español esperará al menos hasta mediados del mes de septiembre antes de plantearse solicitar ayuda a sus socios europeos con el fin de valorar adecuadamente qué le ofrece y en qué condiciones el Banco Central Europeo (BCE), según apuntan los analistas de Goldman Sachs en una nota dirigida a los clientes de la entidad.

"Continuamos viendo a España como la primera en la fila a este respecto (pedir ayuda y aceptar las condiciones), aunque no esperamos que se produzca una petición hasta mediados de septiembre como muy pronto", señalan los analistas de la entidad de Wall Street.

Así, consideran que "las autoridades españolas probablemente esperen hasta ver qué les ofrece el BCE en la reunión del Consejo del 6 de septiembre antes de decidir si hacen una petición de apoyo al EFSF y, de hacerlo, cómo y cuándo".

De hecho, el informe de Goldman Sachs apuesta por que Mario Draghi desvelará en la próxima reunión del Consejo del BCE la estrategia con la que el 'Guardián del euro' planea frenar la escalada de los intereses de la deuda soberana de los países de la periferia del euro.

En este sentido, los analistas prevén que el BCE lleve a cabo intervenciones "de manera oportunista" en los vencimientos de deuda de entre uno a tres años con el objetivo de prevenir los picos de los intereses exigidos a la deuda a corto plazo de los países periféricos que ha paralizado en diversas ocasiones los mercados de deuda.

Sin embargo, el informe de Goldman Sachs se muestra más cauto sobre la posibilidad de que el BCE anuncie la compra de grandes cantidades de deuda soberana de la periferia y considera que la institución intentará en un primer momento reactivar los mercados privados mediante estas intervenciones esporádicas, en vez de reemplazar inmediatamente al sector privado con su propio balance.

La posibilidad de que España finalmente solicite asistencia financiera a mediados de septiembre es la más manejada en los mercados, ya que el país deberá hacer frente en octubre al vencimiento de 26.351 millones (6.085 millones en letras y 20.266 millones en bonos y obligaciones).

De hecho, el Tesoro Público tendrá que captar unos 79.968 millones de los mercados en lo que queda de año para financiar los vencimientos pendientes y el déficit público, según datos del mercado primario a los que ha tenido acceso Europa Press.

Los vencimientos de agosto a diciembre ascienden a 45.968 millones de euros, a los que hay que sumar casi la mitad del déficit público previsto para este año (6,3%), lo que supone unos 30.000 millones, y los 4.000 millones que se ha comprometido a aportar al fondo de liquidez autonómico.

Standard & Poor's dice que no afectará al rating soberano
Standard & Poor's ha afirmado que el rating soberano del Reino de España (BBB+/Negativa/A-2) probablemente no se vería afectado directamente en el caso de que el Gobierno solicitara un rescate completo de su economía a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un informe, la agencia de calificación Standard & Poor's señala que el Gobierno no ha decidido aún solicitar un rescate total, tras la ayuda de 100.000 millones de euros pedida para el sistema financiero, "a pesar de las crecientes expectativas de que esto pueda ocurrir en septiembre, cuando las condiciones que posiblemente vendrán asociadas al programa de ayuda estén más definidas".

Así, subraya que si España decidiera pedir un rescate completo ello significaría "un reconocimiento público de que el Gobierno está encontrando dificultades para financiarse por sí mismo a niveles sostenibles en los mercados de capitales".

No obstante, considera que los términos "potencialmente ventajosos" bajo los que puede recibir el rescate completo "podrían aumentar las posibilidades de éxito de la ya ambiciosa y políticamente desafiante agenda de reformas económicas".

A pesar de ello, S&P cree que la resistencia a la agenda de reformas económicas emprendida por el Ejecutivo "continuará creciendo a nivel regional y nacional, mientras los ingresos disponibles sigan cayendo a corto plazo y las condiciones del mercado de trabajo continúen siendo débiles".

La perspectiva 'negativa' del rating de España otorgada por S&P refleja los riesgos a la baja que la agencia sigue viendo. Así, los factores que continúa analizando son los avances en el reequilibrio de la economía, el impulso de la competitividad y la generación de empleo o el cumplimiento de los objetivos fiscales por parte de las comunidades autónomas.

Aplicación de los acuerdos de la UE de junio
Además, y otorgándole la misma importancia, la agencia analiza también la efectividad de los mecanismos multilaterales de financiación europeos, para lo que considera que la implementación de los acuerdos adoptados en la Cumbre de la UE del pasado mes de junio para ampliar la flexibilidad del MEDE, incluyendo las medidas para la compra de bonos y los préstamos directos a las instituciones financieras, podrían contribuir "a estabilizar los flujos transfonterizos".

Asimismo, ve positivo el anunció del Banco Central Europeo (BCE) de que estaba estudiando la posibilidad de reanudar el programa de compra de bonos que le permitiría comprar bonos soberanos en los mercados secundarios y la revisión del estatus del organismo como acreedor preferente, así como el compromiso a largo plazo adoptado por el Consejo Europeo para establecer una unión bancaria regulada por una única entidad europea, lo que podría "fortalecer la confianza en el sector financiero español, que ha experimentado recientemente retiradas de depósitos corporativos".

Para S&P, la implementación de estas propuestas podría ayudar a los ratings de España y daría tiempo a las autoridades españolas a poner en marcha reformas económicas y fiscales adicionales que conducirían a restablecer la confianza de los inversores.

Sin embargo, advierte de que sigue habiendo incertidumbres sobre la implementación de las medidas de estabilización a nivel regional, nacional y europeo, como, por ejemplo, la decisión pendiente aún por parte del Tribunal Constitucional de Alemania, prevista para el próximo 12 de septiembre, sobre la constitucionalidad del MEDE o los posibles retrasos para establecer las condiciones previas que permitirán al fondo usar los mecanismos de intervención que los dirigentes políticos aprobaron en la cumbre europea de junio.

Frágil consenso político
Así, considera que el consenso político entre los dirigentes "sigue siendo frágil", lo cual podría seguir obstaculizando la buena ejecución de un programa de apoyo "coherente y sólido".

En España, S&P también apunta como riesgos a las crecientes tensiones políticas entre Gobierno central y las diferentes regiones españolas "sobre los tiempos y la forma" de cumplir con sus respectivos objetivos presupuestarios.

Además, cree que el incremento del desempleo en España, que afecta a una cuarta parte de la fuerza de trabajo del país y está por encima de las cifras de los llamados 'países periféricos' que han recibido ayudas públicas, sugiere que "las reformas laborales aplicadas hasta el momento, aunque sustanciales, no han sido suficientes para hacer frente de forma integral a los problemas estructurales del mercado de trabajo español".

Por ello, considera que el desempleo, más concentrado en algunas regiones que en otras, podría "dificultar el mandato del Gobierno para seguir con reformas a largo plazo".

Respecto a una posible salida de la UE de un miembro como Grecia, S&P advierte que podría "incrementar las dudas" entre los inversores sobre la posibilidad de una futura salida de otro miembro de los considerados 'periféricos', lo que reintroduciría implícitamente riesgos monetarios en las transacciones financieras transfronterizas.

Así, señala que una salida de Grecia o de otro país podría acelerar la salida de capitales fuera de España o de otros soberanos periféricos, lo que podría conllevar el riesgo de poner en peligro permanentemente la capacidad del sector público y privado español para acceder a la financiación a tasas sostenibles y podría afectar negativamente a la capacidad crediticia de ambos sectores.
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