Artur Mas: falacias y victimismo

La Comunidad catalana es la más endeudada de todas las españolas. El Gobierno de la Generalitat se encuentra en una situación de absoluta insolvencia. Ya tiene a sus espaldas numerosos impagos y es incapaz de hacer frente a las deudas que tiene pendientes de aquí a final de año. Ante esto, el Ejecutivo de Artur Mas ha pedido formalmente al Estado central un rescate de 5.023 millones de euros, que saldrían del Fondo de Liquidez Autonómico, por el cual el Gobierno reserva una partida de 18.000 millones para ayudar a las Autonomías.

Es obvio que una petición de rescate no nos habla precisamente de una buena gestión económica sino, claramente, de todo lo contrario. Pero, más allá de esta evidencia, lo que resulta por completo fuera de lugar es la manera en que la Generalitat ha solicitado la ayuda, en la línea de un victimismo que se mueve entre la manipulación de la realidad y un descaro que no es exagerado calificar de chulesco. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha dicho que por ese dinero ni “darán las gracias a nadie” ni aceptarán “condiciones políticas”. El “argumento” para semejante actitud es que únicamente piden que se les devuelva el dinero que es de los catalanes. Semejante premisa es tan falaz como torticera, pues ese dinero es el que todos los españoles, incluidos los catalanes, dan a las arcas comunes, de acuerdo con nuestro sistema de financiación. Los impuestos son individuales, no van por estados o autonomías, porque la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos. Y los impuestos los pagan los catalanes como el resto de los españoles. El que Cataluña sea una de las Comunidades que más contribuye, como la Generalitat repite sin cesar, significa simplemente que en ese lugar hay ciudadanos con más recursos –como ocurre en Madrid- en un sistema de impuestos progresivos.

En la misma línea insistió ayer la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, llegando a decir que se está incrementando un “independentismo de reacción”, alimentado por la “prepotencia” de los ministros Montoro y De Guindos y del propio Rajoy. Una “prepotencia” que ni siquiera ha puesto ninguna condición al rescate, pese a que, sin duda, para una mayoría de los ciudadanos, incluidos no pocos catalanes, no sería de recibo que ese dinero se destinase a financiar “embajadas” y otros excesos del nacionalismo identitario catalán, a la vez que, como ha sucedido, se desatendían servicios sociales básicos.

Resulta cansino el victimismo de la Generalitat y su continuo chantaje apelando al “independentismo”, una palabra, por cierto, inexacta, y que hace el juego, aunque sea sin querer, a los nacionalismos periféricos. Cataluña no es una colonia de España de la que tenga que “independizarse”. Cataluña, y todas las demás Comunidades Autónomas, son una parte de España. Con propiedad, pues, hay que hablar de “secesión”. Como bien ha hecho el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, recordando que una hipotética secesión de parte del territorio de un Estado miembro, como sería el caso catalán, les dejaría fuera de la Unión Europea, viéndose obligados a negociar su posible incorporación. La secesión tiene sus consecuencias. En todo. Y significa que las partes –todas las partes- harán y votarán lo que mejor les convenga y parezca.

Sería contraproducente en la grave situación que atravesamos que una Comunidad fuera a la quiebra. Pero no estaría de más embridar de una vez las falacias y excesos nacionalistas.