La quiebra del Estado como solución final

Son muchas las voces, incluidas algunas que parten de este periódico, que defienden que los derechos sociales, sean o no fundamentales, forman parte de la dignidad de la persona y que en consecuencia no se puede privar de ellos a ninguno en ninguna extensión; es decir, que por ser persona se tiene derecho a un derecho social, sea cual sea su coste económico y sea quien sea quien lo pague.

El debate se ha centrado a propósito de la exigencia de que “tengan papeles” quienes quieran disfrutar “ad infinitum” de la totalidad de las prestaciones sanitarias, de la sanidad pública, de manera que los “sin papeles” queden limitadas sus prestaciones a los menores hasta bien entrada la adolescencia (18 años que equivale a la mayoría de edad), mujeres embarazadas, infectocontagiosos y supuestos de urgencia.

No han sido pocos quienes, echándose las manos a la cabeza, han saltado al cuello de los redactores de la norma con los peores improperios, así como tampoco han sido pocos quienes consideran que es un atentado a la dignidad humana.

Pero ninguno de ellos dice otra cosa que “con voluntad, ideología y estrategia” todo se consigue y que en consecuencia “no hay que hacer los números”. ¡Pues en esas estamos! Dicho literalmente y sin demagogia alguna, el buenismo universal haría que cualquiera de los siete mil millones de habitantes del planeta pudiera hacerse un chequeo completo aquí, a costa del presupuesto público. El adanismo lleva así a la destrucción de unos de los mejores sistemas de sanidad pública, como es el nuestro. Vienen a decir, literalmente: “todo habitante del planeta, todo terrestre, será atendido indefinida e infinitamente en el Reino de España de cualquier mal o dolencia y lo pagarán los cuarenta y tantos millones de españoles sin límite alguno y sin rechistar. Los españoles soportarán económicamente el gasto indefinido de todos los que por allí quieran pasarse quienes serán atendidos y sostenidos quirúrgica, hospitalaria y farmacéuticamente sin ninguna clase de restricción, pagando los españoles y residentes legales también sin límites todos esos tratamientos”.

Una declaración así, que parece es lo que pretenden quienes buenísimamente quieren atacar al Gobierno por desconocedor de los derechos fundamentales, es, simplemente, inviable. Porque sencillamente, no hay bolsillo ni presupuesto que aguante que todos los que quieran venir sean atendidos sin límites. Ya es caro atender a quienes no sostienen ni contribuyen el sistema público de sanidad y se les da sin pedir nada a cambio, toda clase de urgencias y atención ginecológica, así como a los menores y determinadas enfermedades (por ejemplo, infecto contagiosas). Esos gastos ya son enormes.

Pero atender sin más a todas las dolencias es algo que nadie en su sano (no en el insano políticamente) juicio, sería capaz de hacer.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU recomienda la accesibilidad económica como uno de los aspectos del derecho a la salud y dice : “Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos (…) incluidos los grupos socialmente desfavorecidos”, Nótese que pide accesibilidad, no gratuidad, lo que no existe en ningún país de la Unión Europea.

De forma semejante señala el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien ha pide a los Estados que eliminen “los honorarios elevados de los servicios de atención médica“, que considera uno los “obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a esta atención”. Notemos, de nuevo, que se refiere a honorarios elevados, pero en modo alguno a la gratuidad.

El pensamiento bien pensante y políticamente correcto, en este como en todos los demás casos de recorte, siempre hace dos cosas, o mejor, no hace: nunca mira al derecho comparado y nunca hace los números. Hace pura ideología que lleva a la bancarrota a todo lo que toca, en este caso, a la Seguridad Social y al mejor sistema de sanidad pública que se ha conocido en España y que si se compara con el resto de la Unión Europea resulta sencillamente magnífico en todos los órdenes: prestacional, personal, profesional.

Y exactamente esto es lo que se quieren cargar y eliminar quienes haciéndose el bueno, utilizan la salud de los españoles, que son los que pagan y contribuyen y del resto de los emigrantes con papeles, que igualmente contribuyen, para intentar lesionar al Gobierno, único aspecto que les interesa.

Es hora de recortes. Es hora de hacer los números, de abatir privilegios, entre otros el de vivir gratis a costa de los demás, o de vivir muy bien simplemente por estar ahí. Es hora de la transparencia, de que se sepa de una vez cuanto cuestan las cosas, de mimar lo bueno que tenemos también en lo público. Y no quepa duda de dos cosas: de que tenemos un sistema de salud impresionantemente bueno y de que igualmente quienes propugnan sin límites la atención urbi et orbe lo que desean, al final, es hundir el sistema público de salud para dañar al Gobierno.
Cualquiera que haga una crítica hoy en día al gasto social sin hacer los números es un traidor a la cosa pública, a la sociedad, y en definitiva, al propio Estado Social.