El alcalde de Orense debe dimitir

Francisco González, regidor socialista de la ciudad de Orense, sigue aún en su puesto pese a estar imputado por delitos de prevaricación y cohecho. Lo hace en contra de su socio de gobierno, el BNG, que ha pedido su dimisión por este motivo, al igual que la oposición del PP. Y a buen seguro, más de uno en el PSOE preferiría que el señor Fernández hubiese dimitido ya. La deplorable imagen que da un cargo público que se aferra a su poltrona pese a estar imputado judicialmente no beneficia en absoluto a su partido.

Conviene, además, hacer hincapié en dos aspectos: el primero, la especial gravedad de los dos delitos que supuestamente habría cometido Francisco González: prevaricación y cohecho, pues se trata de una de las acusaciones más serias que puede hacerse a un cargo público. La segunda, su situación procesal. No estamos ante alguien cuyo nombre haya aparecido de refilón en un sumario, sino de una persona en libertad bajo fianza por decisión judicial; es decir, hay serios indicios de la comisión de un delito -dos, en este caso-, hasta el punto de que el juez llegó a decretar el ingreso en prisión del todavía alcalde.

En esta ocasión ha sido el PSOE, pero es éste un asunto en el que prácticamente ninguna formación política puede presumir de comportarse como es debido. Por regla general en España se dimite poco, tarde y mal; y éste es un caso palmario. No es el primero, aunque sí debería ser el último.