Blasfemar es pecado. Nada más

Una noche de 1765 una carreta sobrecargada que cruzaba el puente de Abbeville, una mediana población de Picardía, rozó el Cristo de piedra que presidía el lugar y causó leves daños a la imagen. Cuando al día siguiente se notaron, y desconociendo la verdadera causa, se produjo una conmoción que las autoridades civiles y religiosas recrecieron con aparatosas ceremonias de desagravio, porque se dio por supuesto que los daños causados a la imagen habían sido intencionados y su propósito sacrílego. Una averiguación policial inculpó a tres jóvenes conocidos por su afición a las canciones impías, los libros prohibidos y su irreverencia al paso de las procesiones. Uno huyó de Francia, otro acabó exculpado por su poca edad, unos catorce o quince años, pero el tercero, el caballero de la Barre que era algo mayor, fue juzgado y sentenciado a mutilación y muerte en la hoguera. Tras diversos lances en los que intervino el Parlamento de Paris y hasta el rey, fue ejecutado bien que la mutilación (amputación de la mano y la lengua) fue simbólica y no se le quemó vivo sino que se le decapitó antes de arrojar el cuerpo a la hoguera. Voltaire hizo del caso una de sus causes célèbres de denuncia de la inhumanidad de la ley penal y de los excesos del fanatismo religioso.

A de la Barre se le procesó y ejecutó conforme a una ley del siglo XVII contra la blasfemia que, sin embargo, no establecía la pena de muerte y su caso se convirtió en todo un símbolo de la emancipación personal del no creyente frente a la pretensión de las religiones de imponer no ya el respeto sino el acatamiento universal a sus dogmas. Tras la Revolución, que rehabilitó a de la Barre e hizo de él un mártir de la libertad, el gobierno ultra (en sentido preciso) de Carlos X presentó en 1825 una ley contra los sacrilegios que incluía la pena de muerte, y orientada sobre todo a reprimir profanaciones en los robos cometidos en iglesias. La discusión parlamentaria subsiguiente fue uno de los más brillantes ejemplos de controversia política de todos los tiempos, impensable en cualquier cámara actual donde sólo por azar ontológico se hallará un parlamentario con el bagaje filosófico y la capacidad dialéctica que tenían las grandes figuras ultras y liberales. Entre éstos, Constant o Royer-Collard se preguntaban cómo podrían los hombres castigar ofensas hechas a Dios y de las que sólo Él, en su caso, podría pedir cuentas. Sus argumentos contuvieron las bases jurídicas, morales y políticas por las que en las sociedades modernas y libres las convicciones religiosas tienen su lugar en las conciencias y no en las leyes. El principio según el cual el poder civil, salvo que medie daño a personas o propiedades, no puede impedir o reprimir impiedades o simples irreverencias, por mucho que transgredan los tabúes más venerables a los creyentes. Dicho simplemente, el pecado como tal es sólo pecado, no delito.

En las sociedades de tradición cristiana y en especial en aquellas donde durante parte de su historia Estado e Iglesia estuvieron asociados, hubo leyes de represión de blasfemias y sacrilegios, y algún vestigio de ellas queda en alguna que otra parte. Pero uno de los rasgos evidentes de su modernización fue la abolición o desuso de esas normas y la defensa de la libertad de expresión cuando colisionaba con las creencias. Para los creyentes cristianos fue, y es, doloroso aceptar que sus símbolos y dogmas más venerados pudieran ser objeto de vilipendio deliberado y con frecuencia grosero, pero la indignación no llevó nunca a que mayoritaria e institucionalmente se pidiera la aplicación literal del pasaje del Levítico que impone lapidación al extranjero o al connacional que blasfeme. A mediados del siglo XIX cuando mayor fue el efecto de ese conflicto, en el catolicismo institucionalmente no se predicó la guerra santa sino que proliferaron las devociones de desagravio. Y visto el asunto desde otro punto, qué esencial es la libertad de expresión como para que pueda ponerla en cuestión cualquier descerebrado con ganas de notoriedad a consta procacidades infantiles. Frente a eso no cabe más sanción que la social, la reprobación mayoritaria.

Por eso desconcierta y empieza alarmar la inclinación de los dirigentes occidentales al paño caliente cuando una parte vociferante y agresiva del mundo musulmán exige aplicar en el universo mundo sus particulares restricciones a la libertad de expresión y sus prácticas punitivas contra lo que una suspicacia enfermiza toma por blasfemias. Que un dirigente turco o iraní clamen porque en occidente se reprima la falta de respeto a Mahoma es sólo expresión de qué largo y complejo es el camino de la modernización y con qué facilidad se puede extraviar. Que un ministro paquistaní incite al asesinato en público demuestra qué efectos tiene el fanatismo. Que en Naciones Unidas se discutan mociones para penalizar la blasfemia demuestra qué absurdo se está volviendo ese organismo. Pero que los portavoces occidentales se disculpen porque sus nacionales hagan el uso que las leyes les permiten de la libertad de expresión o quieran hacer pasar la inmunidad de dogmas teológicos por obligado respeto a las diferencias culturales, sólo confirma cuánta falta hace leer a los clásicos. Voltaire o a Royer-Collard para empezar.