El abogado del capitán Mangouras pide la nulidad del juicio del Prestige

La defensa de Apostolos Manguras, capitán del petrolero "Prestige", principal acusado por el vertido en noviembre de 2002 de más de 67.000 toneladas de fueloil pesado frente a las costas gallegas, ha reclamado hoy, en la apertura del juicio por esta catástrofe medioambiental, la "nulidad" de la causa al entender que "no se garantizaron derechos fundamentales" de su patrocinado.

El letrado José María Ruiz Soroa, que representa en la causa a Manguras, ha advertido ante el tribunal de numerosas irregularidades en el proceso, que comenzaron con la entrada a bordo del "Prestige" de personal de las administraciones españolas sin la autorización judicial pertinente.

Además, ha precisado que en la vista que ha comenzado hoy en A Coruña también se está dirimiendo el estado del buque, un monocasco de 277 metros de eslora construido en 1977, sin que ninguna de las partes que ejercen la acusación haya demostrado que la nave naufragara debido a la falta de mantenimiento y otras carencias.

Para el letrado, esta cuestión es de enorme relevancia en el proceso porque buena parte de las acusaciones se basan en esta premisa, y ha insistido en que hasta el momento no se han aportado pruebas en ese sentido. Ruiz Soroa ha sostenido que se obtuvieron pruebas con la "violación de derechos fundamentales" y que, por lo tanto, son "ilícitas" e "irregulares".

También ha recordado que desde el 13 al 19 de noviembre de 2002, cuando el barco navegó con rumbo errático frente a las costas gallegas, se tomaron una serie de medidas que en ningún caso estaban respaldadas por la autoridad judicial.

El abogado ha recalcado que en ningún momento el buque estuvo abandonado, ya que en todo momento se encontraron a bordo su capitán o miembros de la empresa rescatadora contratada por el armador.

También ha denunciado que se retiraron documentos del barco cuando el capitán ya había sido detenido y que "no hubo garantías en la cadena de custodia" de los mismos. Ha añadido que a partir del 14 de noviembre de 2002 las autoridades españolas asumieron el control del barco y tomaron decisiones "equivocadas".