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El debate sobre la secesión con algunos matices

martes 16 de octubre de 2012, 20:13h
En el debate sobre la actual crisis de Cataluña se suele insistir en dos ideas que encuentro inadecuadas. La primera tiene que ver con la contraposición entre democracia y Constitución, de manera que se denuncia el embridamiento o la imposibilidad que la Constitución podría presentar a una voluntad secesionista del pueblo catalán. Así la Constitución española, que afirma la unidad de la nación y que atribuye la soberanía al pueblo español, no podría consentir la separación de una parte territorial del mismo. Obvio es decir que esta tesis se formula de manera equivocada. Lo que la Constitución prohíbe es una manifestación de la voluntad popular en términos ajenos o contrarios a sus propias previsiones, pero sin descalificar ninguna pretensión por su oposición material o de contenido. El carácter fundante , verdaderamente constitutivo, y la condición normativa, esto es, obligatoria, de la Constitución, impiden que el proceso político pueda desarrollarse fuera o contra lo establecido en la Norma Fundamental, por ejemplo remitiéndose, como parece querer hacer Artur Mas, a una legalidad internacional. Ni es posible una actuación política no reducible a la Constitución, pues la Constitución, por definición, es la regulación completa del sistema político de la comunidad, ni cabe un comportamiento contrario a la Norma Fundamental de los poderes y órganos del orden constitucional.

De la prohibición en nuestro ordenamiento constitucional presente del ejercicio simple de la autodeterminación, no se sigue su imposibilidad, sino la necesidad, si quisiera hacerse posible, de promover para ello la modificación de la Norma Fundamental, por la vía de su art. 168, que ha previsto su reforma sin límites materiales. Llamo la atención en que es la apertura de la Constitución, lo que permite realzar la obligatoria observancia por todos de sus exigencias procedimentales o formales. Planteamos como inexcusable el respeto del procedimiento constitucional porque no hay objetivos vedados a la reforma constitucional, esto es, que no puedan ser perseguidos, observando las vías correspondientes. En una Constitución como la nuestra que contempla su reforma total, los procedimientos no son obstáculos establecidos para oponerse a la voluntad popular, sino medios al servicio de esta para su afirmación.

En segundo lugar, consideramos un error el acudir al referéndum consultivo del artículo 92 de la Constitución para constatar una voluntad secesionista en el territorio afectado que justificaría, sólo entonces, poner en marcha el complicado procedimiento de reforma constitucional necesario para hacer posible la autodeterminación. No tienen sentido, creo, los argumentos a favor del referéndum consultivo, que pretenden despojar de una ventaja democrática a los partidarios de la autodeterminación. Los partidarios de la autodeterminación no pueden alegar que sus pretensiones no son defendibles en el orden constitucional español, o que carecen efectivamente de oportunidades para llevar a cabo sus pretensiones. Vuelvo a repetir que no hay incompatibilidad de fondo entre la secesión y la Constitución, y por ello nadie sensatamente puede dudar de que una posición clara al respecto, mantenida en el tiempo y compartida ampliamente en una parte del territorio nacional, no podría ser obstaculizada por el constituyente español, que en ese caso habría de hacerla posible a través de la correspondiente reforma. Lo que sucede es que ese referéndum cuya viabilidad discuto, seguramente, no puede referirse a la consulta celebrada exclusivamente en un territorio, pues la previsión constitucional sobre los referéndums consultivos apunta inequívocamente al cuerpo electoral de todos los ciudadanos, contando además con que el Estado central tenga competencia sobre una cuestión que atañe al autogobierno de una Comunidad Autónoma, ámbito que le reserva a esta el Tribunal Constitucional de manera muy estricta. Con todo, el argumento principal, desde mi punto de vista, es el de que ese referéndum para la verificación del apoyo secesionista en un territorio en realidad incurriría en fraude constitucional. Sería convocado como consultivo, pero resultaría realmente vinculante, de modo que no abriría el paso a la reforma constitucional, sino a la independencia. No sería una consulta para la soberanía sino un referéndum de soberanía, radicalmente prohibido en nuestro ordenamiento, mientras no se reforme la Constitución. En realidad en ningún caso hay referéndums consultivos de autodeterminación (no lo fueron los de Quebec ni lo será el de Escocia); sucede que en el hecho de la consulta se contiene una definición del soberano, que es constituido cuando se le hace objeto de una pregunta, como digo, de soberanía. El camino, si se piensa que estamos en un momento en el que es preferible organizar la secesión antes que denunciar su insensatez, es tramitar en su momento una reforma constitucional puesta en marcha a través de la iniciativa que en nuestro ordenamiento se reconoce también al Parlamento de la Comunidad Autónoma interesada en ello (arts. 87.2 y 166 de la Constitución), solicitándolo del Gobierno Central a través del correspondiente proyecto de reforma o mediante una proposición de reforma a presentar a la Mesa del Congreso.
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