Felip Puig, llamamiento al delito

La ofensiva secesionista catalana se ha internado en una senda que no se detiene ante nada, pareciendo que sus defensores estén estableciendo una delirante competición en descabelladas afirmaciones. En esta carrera, ha adquirido sin duda un primer puesto el conceller de Interior de la Generalitat Felip Puig. Echando gasolina al incendio de la arremetida secesionista, al señor Puig no se le ha ocurrido otra cosa que implicar a los Mossos d’ Esquadra en su peligrosa quimera, atribuyéndoles que están a favor de la secesión y que se pondrán al servicio de la Generalitat para que pueda desarrollarse el referéndum que pretende el Ejecutivo de Artur Mas. Y no contento con ello, remató la faena con la perla de contraponer “una legalidad jurídica” a “una legalidad democrática”. En un Estado de Derecho, no existe tal diferencia, pues nada es esa supuesta “legalidad democrática” si no se sustenta en un escrupuloso respeto a las leyes. Pero parece que, en aras de la demagogia, el conceller de Interior de la Generalitat desconoce algo tan elemental.

Si Felip Puig buscaba repercusiones políticas y mediáticas a sus incendiarias declaraciones lo ha conseguido, pero tanto él como quienes van en su misma línea debería ser muy conscientes de que no se debe jugar con fuego. Simple y llanamente el señor Puig ha hecho un llamamiento al delito por parte de los Mossos d’ Esquadra, quienes, por cierto, no están precisamente contentos con su política de recortes en salarios y derechos. Los Mossos d’Esquadra no tienen que elegir, como da a entender el señor Puig, presuponiendo que se pondrán de su lado –o que serán instados a ello-, sino que, como para cualquier otro cuerpo de la Seguridad del Estado, su único lado es el de la Constitución que se dieron todos los españoles a sí mismos. Y no cabe ninguna “interpretación” respecto a que, de acuerdo con la carta Magna, el referéndum que propugna la Generalitat es ilegal.

Ante unas declaraciones del calibre de las emitidas por el señor Puig lo lógico sería su dimisión o que de manera inmediata fuera cesado. Pero el señor Puig puede estar tranquilo. Seguro que ni una cosa ni otra va a producirse. Parece que la Generalitat ha enterrado la lógica –acompañada del más elemental respeto a la ley- en el baúl de los recuerdos.