Cataluña, el reparto del salchichón (II)

Hace tiempo un político expuso la teoría del salchichón, según la cual los nacionalistas comienzan repartiéndose un salchichón con el gobierno central. Cada vez que demandan nuevas competencias la mitad del salchichón del Estado va menguando. En ningún caso los nacionalistas ponen encima de la mesa su trozo. Parece que no ha bastado con los trozos de salchichón, ahora quieren el lomo.

La segunda solución pasa por un pacto con los nacionalistas. En el trozo de lomo a entregar a los nacionalistas encontramos el federalismo y el concierto económico. Quizás con un retoque de la Constitución para recoger un sistema federal, al menos nominalmente, puesto que como ya se sabe, las competencias de algunas Comunidades son superiores a los länders alemanes. Podríamos pensar que ya estamos en un sistema federal y que sólo basta reconocerlo nominalmente.

Sin embargo, hay razones para no reconocer que España es un estado federal. En primer lugar por nuestra historia –recordemos el fracaso de la I República federal. En segundo lugar, porque en ningún caso puede admitirse la soberanía del pueblo catalán, ni del correspondiente al Valle de Arán, por entrar en contradicción con el párrafo 2 del artículo 1 de la Constitución: “la soberanía reside en el pueblo español…” Una tercera razón apuntaría a que en un sistema federal los estados federados tienen un sistema judicial propio y, además como cuarta razón, una constitución propia. Reflexionemos sobre estas dos últimas.

Las últimas reformas estatutarias apuntaban a la conformación de los Estatutos de Autonomía como pseudo-constituciones, con su propia declaración de derechos, pero hasta el momento los estatutos de autonomía tienen su razón de ser dentro de la Constitución española, pues son Leyes Orgánicas aprobadas por Las Cortes Españolas. Blindar los estatutos como constituciones de estados federados sería a mi juicio un error, sobre todo en una situación como la actual en donde sería recomendable la recuperación de competencias o al menos el control eficaz de las mismas por parte del Estado. Además es importante que no existan diferencias de derechos entre habitantes de diferentes Comunidades Autónomas.

Es cierto que el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010 de 28 de junio sobre el Estatuto de Cataluña desmontó el intento de crear un sistema judicial catalán. También lo es que en la actual deriva del sistema judicial, el Tribunal Supremo está dejando de ser supremo porque el Tribunal Constitucional por arriba y los Tribunales Superiores de Justicia por abajo vacían de forma importante sus competencias. Si a eso añadimos el proceso de catalanismo al que someten los tribunales, primando a los magistrados que hablan catalán, documentándose los procedimientos en catalán e incluso marginando a abogados que van a Cataluña a representar a sus clientes y que tienen que asistir a las vistas en catalán. Todo ello nos lleva a una fragmentación de la Justicia en nuestro país. La Justicia es fundamental para que España se convierta en un país serio y la seguridad jurídica imprescindible para la recuperación económica. No es el momento de desarrollar este tema, pero desde luego una oficina judicial en la que concurren hasta tres patronos distintos es manifiestamente mejorable. Pensemos que los Jueces y Magistrados dependen del Consejo General del Poder Judicial, el Secretario Judicial del Ministerio de Justicia y, en aquellas Comunidades con competencias de justicia trasferidas, el resto del personal funcionario y administrativo, las instalaciones, ordenadores, software… de la Comunidad Autónoma.

El Pacto Fiscal supondría el desarrollo de una Administración Fiscal propia de Cataluña encargada de la gestión, recaudación y liquidación de la mayoría de los impuestos. La aportación que Cataluña debería pagar al Estado en compensación por los servicios prestados se haría por medio de una cantidad que recibe el nombre de "cupo". Detrás del Pacto Fiscal se apunta a un concepto propuesto por los nacionalistas “soberanía fiscal” que consistiría en el reconocimiento de que son los catalanes quienes deciden qué hacer con sus impuestos.

Ese pacto en el que los nacionalistas quieren un trozo del lomo, debería enfocarse desde el Estado como algo más equilibrado: devuelvan parte del salchichón. No se trata de una contraprestación, sino de una auténtica necesidad en el momento actual. Para que todo funcione mejor es necesario que el Estado reasuma competencias sobre justicia, sanidad y educación o, al menos, un control efectivo sobre estas materias. En esta devolución del salchichón debe quedar claro uno de los principios federales: “la cláusula de la supremacía federal”, que establece, en caso de conflicto, la prevalencia de la norma de la federación sobre la norma del estado federado. Además debería de finalizarse el proceso de transferencias autonómicas, lo que se ha llamado cerrar el proceso autonómico. Por último, proteger el principio de lealtad constitucional mediante responsabilidades jurídicas. Es deleznable el oportunismo nacionalista de rentabilizar políticamente a favor de la independencia la aguda crisis económica que atraviesa España. El proyecto de convivencia común exige que los líderes de las Comunidades Autónomas asuman su condición de autoridades del Estado Español y su necesaria coordinación con el Gobierno de España.

Pese a todo ello, considero que los independentistas no estarán conformes y, antes o después, volverán a exigir un referéndum. Bien desde una posición de mayor fuerza cuando se les haya otorgado el estatuto de estado federado y la soberanía fiscal, bien desde el victimismo, bien desde los votos nacionalistas necesarios para apuntalar a un partido sin mayoría absoluta en el Congreso. Esto nos aboca a exponer la tercera solución, la radical, en un próximo artículo.