Soberanía: de sujeto a objeto

Algunos políticos quieren convertir al sujeto activo de la soberanía –el demos, el pueblo– en objeto manipulable en beneficio de sus propios intereses; quieren recuperar el prístino sentido etimológico de subiectus y convertir así al pueblo en sometido, ponerlo bajo sus pies, es decir, volver al Antiguo Régimen y reconvertir a los ciudadanos en súbditos. Lo más curioso es que este intento de reversión se hace en nombre de la democracia.

El presidente Artur Mas invoca la democracia para afirmar que los catalanes tienen derecho a decidir. Es la misma canción que desde hace años escuchamos a los nacionalistas vascos y que se concretó en el Plan Ibarretxe. Nada que objetar, salvo que lo importante en una democracia es definir primero el demos, el pueblo soberano, y mientras esté vigente la actual Constitución, este demos sigue siendo el conjunto de los ciudadanos españoles. La retórica nacionalista, que invoca tanto el diálogo, olvida que lo primero que hay que discutir es quién es el demos soberano y éste está bien definido en la Constitución. Evidentemente, ninguna constitución es inamovible ni tampoco ningún demos: los demos y las naciones son construcciones históricas y han cambiado numerosas veces a lo largo de la historia, por lo que habrá que prever cauces para que los catalanes y vascos, llegado el caso, expresen su voluntad, pero ésta, dentro de la Constitución actual, no puede ser soberana sino sólo una muestra de un interés determinado, quizá por la independencia, y si es así, habrá que articular los mecanismos políticos y jurídicos para que la separación se haga con el menor perjuicio para todas las partes.

Del actual Estatuto catalán siempre me inquietó esa frase del preámbulo en la que se dice que “el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”. Me inquieta no sólo porque el Parlamento de Cataluña se reconvierta en academia de la lengua y se dedique a hacer definiciones, sino porque nunca he sabido cómo se “recoge” el sentimiento de un pueblo. La voluntad, en una democracia, se manifiesta mediante elecciones ciertas y regulares en las que los ciudadanos expresan sus intereses, y luego el juego de las mayorías permite ejecutarlos en políticas concretas, pero es difícil entender que los pueblos sean sujetos orgánicos con sentimientos y más que éstos puedan ser “recogidos” por algún órgano político.

El planteamiento de los nacionalistas, aunque expresado en formas suaves, es revolucionario porque pretende dar por sentado que el sujeto de la soberanía ha cambiado y que los catalanes y los vascos tienen derecho a decidir independientemente de lo que el demos soberano constitucional opine, o lo que es peor, sin que opine, reconvirtiéndolo, por lo tanto, en objeto y no en sujeto activo de la soberanía, en súbdito.

Con mis amigos historiadores siempre hago la broma de que lo que a mí me molesta de la declaración del Estat català por Macià y por Companys en 1931 y 1934, respectivamente, no es el hecho revolucionario de la proclamación de la soberanía independiente de Cataluña sino que Macià dijera que declaraba la “República Catalana dins d'una Federació de Repúbliques Ibèriques” y Companys, el “Estat Català de la República Federal Espanyola”. Lo de declarar la independencia siempre me ha parecido una aspiración legítima, pero lo de redefinir el sujeto de la soberanía y la forma de Estado del resto es ir mucho más allá de lo que un demos catalán soberano, actuando por boca de sus dirigentes, tiene capacidad de hacer. Se me ocurre que algo tendría que decir el demos del resto de la autoproclamada Federación en relación a si quería federarse y con quién y de qué forma, dado que los representantes del pueblo que votaron la Constitución de la Segunda República no habían optado por un régimen federal sino integral, como decidieron llamarlo. El presidente Mas pretende hacer ahora algo parecido a lo de Macià y Companys: declarar una soberanía catalana y al mismo tiempo constituir un nuevo Estado español sin que aparentemente el actual demos constitucional tengan nada que decir, sino simplemente aceptar la propuesta catalanista.

Ya lo intentó Ibarretxe sin éxito para el País Vasco, pero la situación puede ser ahora distinta si los nacionalistas catalanes y vascos configuran mayorías pro soberanistas. Obviar el problema, no parece que sea la solución. Pienso que ésta tampoco debiera ser seguir en la línea llevada a cabo durante los últimos treinta y tanto años de intentar contentar las aspiraciones nacionalistas, porque éstas parece que nunca alcanzan el contento. La profundización federal que propone el PSOE, todavía imprecisa e indefinida, tampoco satisfará a los nacionalistas, como sus dirigentes han expresado ya en diversas ocasiones.

La solución pasa porque el Parlamento español que es quien tiene la potestad para convocar un referéndum lo haga. Lo convoque en Cataluña y en el País Vasco de manera consultiva para conocer la voluntad de catalanes y vascos. Estos referendos deberían convocarse no antes de 5 ó 10 años, que no es un tiempo largo si pensamos en los varios siglos de convivencia que llevamos. Entretanto, surgirían nuevas mayorías parlamentarias que quizá piensen en otras soluciones posibles. Además, en este tiempo, las partes podrían exponer claramente sus políticas y las consecuencias de permanecer juntos o de separarse, pues no es una cuestión de una mera campaña electoral que se pueda ventilar en dos meses sino un acontecimiento histórico de la máxima relevancia. Una vez expresada la voluntad de los catalanes y los vascos –y de otros aspirantes, si los hubiera, a pueblos soberanos– entraríamos en otra etapa, que, sea cual sea el resultado, requiere ya otra articulación jurídica y política, en la que el sujeto de la soberanía, o los sujetos de la soberanía que nazcan, tendrán que establecer de igual a igual las fórmulas para la convivencia, adopte ésta la forma de una confederación, de una federación, de un Estado unitario o de varios Estados independientes.

Mi opinión, que no creo que interese a nadie, es favorable a mejorar el actual funcionamiento del Estado de las Autonomías, que reconoce la diversidad plurinacional de España, sin poner en cuestión el sujeto de la soberanía y profundizando en una mayor integración europea y en el papel que nuestro país debería desempeñar en el marco global en que nos movemos, y aplicando el principio de subsidiaridad en todos los ámbitos, desde el local al mundial.