La temporalidad de los desahucios

PP y PSOE volvían a reunirse ayer con el tema de los desahucios como telón de fondo. Lo hacían el mismo día en que la Asociación Española de Banca -AEB- anunciaba el compromiso de sus asociados de paralizar los desahucios durante los dos próximos años “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”. A esta iniciativa se adherían también las entidades financieras asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros -CECA-, tomando así conciencia de una situación que requiere atención inmediata.

Atendiendo al derecho comparado, las opciones son tan variadas como, en algunos casos, inviables para nuestro país. Desde la dación en pago como solución final en Estados Unidos a la asignación de un hogar de acogida por parte del estado en Alemania o la moratoria de Portugal, lo cierto y verdad es que este problema ya ha sido afrontado en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Y cabe preguntarse porqué en España no.

Han tenido que darse a conocer las dramáticas circunstancias que han rodeado a los últimos desahucios -incluido el suicidio en Euskadi de una mujer la pasada semana- para que se tomen cartas en el asunto. De todos modos, el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-, Gonzalo Moliner, apuntaba que los jueces pueden actuar para “suspender, paralizar, modificar o adaptar la decisión judicial al caso concreto, amparándose tanto en normativas comunitarias como en principios constitucionales o de derecho contractual”. O lo que es lo mismo, hay ya herramientas que permiten actuar con equidad. Cosa distinta es la demagógica argumento del socialista Oscar López al apelar al “derecho constitucional de todos a tener una vivienda” ya que aparte del derecho en cuestión, están también las obligaciones de hacer frente a los pagos.

Por dos razones. En primer lugar, porque democracia es derechos, pero también responsabilidad: la de hacer frente a nuestras deudas. En segundo lugar, porque, si queremos beneficiar a los ciudadanos que aspiran a una vivienda, debemos precavernos ante medidas “buenistas” que ahuyenten y encarezcan el crédito.