Una política de desahucios: ¿puede el remedio empeorar la enfermedad?

El desalojo de una vivienda que se había impregnado de experiencias vitales y a la que se le han dedicado muchos esfuerzos económicos es un hecho muy desgraciado y sobre el cual no se debe frivolizar. Es un drama, además, que alcanza a un gran número de españoles. No a los centenares de miles que se señalan erróneamente, pero sí a varios miles de familias que pierden la casa, con ella su principal inversión, y aún se quedan con una deuda con el banco. Alguno de esos casos ha llevado a sus protagonistas a una última decisión fatal, lo que ha aumentado la atención de los medios de comunicación, y la reacción de los políticos. Éstos están atrapados en el eterno dilema: entre el populismo y la racionalidad, no sólo económica, sino también de justicia.

Las medidas que ha propuesto el Gobierno, previa consulta al Partido Socialista, son un alivio, no una solución, para un número limitado de personas, y cuyo coste, aunque limitado, recaerá sobre las entidades financieras. Así, el Gobierno ha abierto una espita que resulta complicada de cerrar, y que por el contrario tenderá a abrirse más y más bajo el argumento de miles de españoles que se preguntan porqué a ellos no le llegan las ayudas. Y, por esa vía, el Gobierno puede acabar con uno de los pocos sistemas de garantía que funcionaban irreprochablemente. Si la garantía personal, la de que el deudor responderá con su renta y sus bienes presentes y futuros, ya no es tal, los bancos serán más selectivos en sus préstamos. Es decir, habrá menos préstamos y más caros. Porque prestar no es obligatorio. De esta suerte, la consecuencia indeseable será que los prestamistas sólo atenderán a quienes tengan la riqueza o las rentas que les otorguen una garantía suficiente. Y los perjudicados serán los de siempre.

Además, hay una cuestión moral insoslayable. Y es que cuando una persona adquiere un compromiso, como el de hacer frente a una deuda hipotecaria, la responsabilidad no ya legal y económica sino moral recae sobre él. La democracia y una economía libre es, en definitiva, un sistema de oportunidades, pero también de responsabilidades. De esta suerte, al mismo tiempo que nadie espera del firmante que comparta con el banco o con el resto de españoles los beneficios que hubiera sacado de la operación, ni él ni nadie debería esperar que compartiese las pérdidas. No debiera ser así, cuando hay otros ciudadanos, con intereses igualmente legítimos, que renunciaron a adquirir ese compromiso para evitar llegar a un desahucio. No debiera ser así, además, cuando el tomador de una hipoteca siempre tuvo a mano la opción de financiar la compra, por completo o al menos en mayor medida, con el ahorro propio. Y no debiera ser así, finalmente, cuando los beneficios que él obtenga al borde del desahucio se realizarán a costa de otros intereses que no son menos legítimos.

Los políticos se postulan, ahora, como si fueran capaces de solucionar un grave problema social, cuando lo único que hacen es poner un parche que pagan otros y que bien pudiera tener repercusiones negativas. Y, desde luego, no habríamos llegado a esta situación si este gobierno y el anterior no hubieran desaprovechado mil oportunidades para reconducir la situación y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. Si los políticos hubieran hecho bien el suyo, ahora no habría tantos desahucios y tantos dramas personales.