Sobran unos cuantos miles de normas

Son muchos los daños de tantas leyes, aseguró Sancho de Moncada en su “Restauración política de España”. El primer daño es que “oprimen al Reino pues no hay en él personas que las sepan todas”. El segundo es que “una parte importante de ellas no se usan”. El tercero es que “hablan con no pocas palabras equívocas, que admiten diferentes sentidos y declaraciones”. El último y principal daño es que “no se guardan (cumplen), en desprecio de la autoridad de los legisladores y gran perjuicio del Estado”.

El diagnóstico de Sancho Moncada, escrito hace cuatro siglos, en 1.619 en concreto, sigue absolutamente vivo y vigente, como lo están también sus soluciones: de una parte, “reducir tantas leyes a pocas”, de otra, “que las leyes que queden hablen con palabras breves y claras” y, en fin, que se guarden sin excepción ni dispensación”.

En lo que va de año el BOE –que va por cuatro mil páginas- ha publicado diez leyes (la última, la de tasas judiciales que ha conseguido reunir la unanimidad en contra), veinticinco decretos-leyes, dos mil quinientas órdenes ministeriales (no sumamos los diecisiete Boletines autonómicos, aficionados legiferantes también). Todo este marasmo normativo ha venido a engordar un ordenamiento jurídico desmedido, desproporcionado y desordenado. Las normas se producen como conejos en celo haciendo crecer los pisos de la torre de babel jurídica que los nuevos Justinianos contemporáneos pretenden. El Derecho español contiene tantas lorzas bien rollizas que es incapaz de andar sin tropezar con la seguridad jurídica. Ya lo dijo hace veinte años el Consejo de Estado francés: la incontenible acción normativa del Estado es la verdadera amenaza para la seguridad jurídica. La sobreproducción normativa, la inflación de prescripciones, la complejidad y oscuridad de las reglas, hacen que el Derecho se convierta en un suplicio, desconocido hasta para los expertos. ¿Cómo puede mantenerse hoy sin sonrojo que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento? ¿Algún superdotado puede alegar el conocimiento siquiera sea de las de una rama? Sería una mera presunción, bastante pretenciosa, por cierto.

Hubo un descendiente del Santo Job que en el año 2006 contó que las normas en vigor en España eran casi 400.000. Hemos pasado con creces, seguro, del medio millón… y creciendo. El legislador está desbocado, como el caballo del malo al final de la película. ¿Y quién le pone remedio a esta proliferación incontinente?.

La respuesta, la próxima semana aunque adelanto que primero hay que llamar a una empresa de demolición para poder construir un Derecho racional, cierto y con vocación de estabilidad y aplicación.