Sobre los indultos del Gobierno

Doscientos jueces de toda España, entre los que hay tanto representantes de todas las asociaciones judiciales como otros sin adscripción a ninguna de ellas, han firmado un manifiesto en el que denuncian “el uso abusivo de los indultos” por parte del Gobierno. El desencadenante de todo ello ha sido el segundo indulto a cuatro mossos d’esquadra que en 2008 fueron condenados “por hechos gravísimos” -delitos de tortura y lesiones- cometidos en la persona de un detenido de nacionalidad rumana. Ya en febrero, el Gobierno les concedió un primer indulto, conmutándoles parte de la pena impuesta. La Audiencia Provincial de Barcelona, por su parte, decretó que ingresasen en prisión el próximo 10 de diciembre para cumplir lo que les restaba de condena, aspecto éste que deja sin efecto la decisión del Ejecutivo.

Es de suponer que el Gobierno, sea del signo que sea, hace uso de la facultad discrecional que tiene a la hora de conceder indultos con arreglo a criterios de responsabilidad, legalidad y oportunidad. Si no ha sido así, ni en este caso ni en algún otro, hacen bien los jueces en alzar la voz contra ello. Ahora bien, como recordaban tanto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, es el Ejecutivo quien tiene la potestad del indulto y la ejerce cuando así lo estima procedente. Ocurre que, dada la gravedad del caso de los mossos d’esquadra, quizá en este caso deberían explicar a la ciudadanía el porque de esta medida de gracia hacia servidores públicos que han obrado de un modo tan lesivo.