Transparencia Internacional: a ver quién es más corrupto

Una organización de carácter internacional llamada Transparencia, dedicada a hacer análisis comparados del nivel de corrupción del sector público en todo el mundo, acaba de otorgar a Grecia la más alta “distinción” en lo que se refiere a la Unión Europea. Y en relación al conjunto global, el país heleno se ha colocado este año en un puesto equivalente a algunos de esos países que solemos mirar por encima del hombro, Colombia, Yibuti y la India. No es, desde luego, un título para ir presumiendo por ahí, pero lo que demuestra, en caso de que a alguien aún le quedaran dudas, es cuánto influye en el porvenir de un pueblo el material del que están tejidos sus responsables, no sólo su capacidad gestora, sino la manera en la que se comportan los políticos o funcionarios en los distintos grados y ámbitos de la Administración.

No hace falta, en todo caso, mirar a Grecia, a no ser que se trate únicamente de buscar consuelo, para saber que el despilfarro y las corruptelas, más propias de caciques y bandoleros que de personas que se dedican a la res pública, causan un enorme perjuicio a un país y pueden acabar por destruirlo si no se le pone un eficaz freno. En España, lo dice Transparencia Internacional, aunque no hiciera mucha falta que lo dijera porque ya nos hacíamos una idea, andamos al nivel de Botsuana en eso de la corrupción del sector público. Como vecinos de Europa, en el ranking aparecemos acompañados de Italia, Portugal e Irlanda, encaramados a escalones no muy distantes, aunque la “buena noticia” es que el dato del Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al presente ejercicio señala que hemos mejorado un punto en relación a 2011. Lo que no aclara es si esto se debe a que ya no queda mucho que llevarse o si es porque, afortunadamente, por fin se acabó eso de considerar el pillaje como la avispada maniobra del más listillo del lugar. Listillo, no. Ladrón. Deberían llevar la palabra tatuada en la frente.

Vale, un punto menos, pero apestar, sigue apestando, a pesar de que en la actualidad, con tantas personas sin empleo, sin casa y, lo que es peor, sin un futuro, nos hayamos hartado –era hora- y ya no resulte suficiente ver a los responsables pasar unos días en prisión a la espera del juicio y, más tarde, sentados en el banquillo con cara de circunstancias, alegando conspiraciones políticas en su contra y esperando a que amaine la tormenta para poder disfrutar en paz de sus fortunas ocultas. Lo que realmente anhelamos es que, una vez demostrada su culpabilidad, se revuelva Roma con Santiago con el fin de recuperar hasta el último céntimo de lo saqueado a todos los españoles. También, que caigan en desgracia social de forma indefinida, que ya no les inviten a los saraos en los que, entre canapé y canapé, juegan con un dinero que no es suyo, que jamás se les entreviste en los medios, ni se les invite a las tertulias o se permita que vuelvan a tener nada en propiedad, ni siquiera un block de papel para entretenerse contando sus memorias mientras aún no han conseguido que les saquen de la celda. Y, por supuesto, que después nadie las publique.

O si se publican y se venden, que se venderán porque el morbo no lo detiene ni la crisis, que el dinero de las ventas no vaya a parar al autor, sino que sirva para seguir pagando el principal y los intereses de los pelotazos cometidos.

Pero la peste no está sólo en los chanchullos políticos, en las pequeñas o grandes corporaciones locales, gobiernos autonómicos o centrales. Está igualmente en el sector privado y, presunción de inocencia por delante, la detención de Díaz Ferrán y del ya conocido buitre de empresas en bancarrota, Ángel de Cabo, protagoniza el último escándalo de delito económico a gran escala en nuestro país. Las fianzas impuestas a cada uno de ellos por el juez de la Audiencia nacional Eloy Velasco son indicativas de que las sumas que se manejan en la instrucción no deben de ser poca cosa.

En concreto, los 50 millones de fianza que ha de pagar para eludir la prisión el liquidador Ángel de Cabo, actual propietario de Nueva Rumasa, ha batido un triste record y ya ha pasado a la historia judicial de delitos económico-financieros como la más alta, arrebatándole a su amigo Díaz Ferrán el record que por la mañana había sido para él, 30 millones, aunque se tratara de un record compartido con aquel otro empresario oscuro, llamado Javier de la Rosa.

En todo caso, es curioso que las informaciones aseguren que el ex presidente de la CEOE y propietario del grupo Marsans llevara, desde la escandalosa quiebra de la compañía, fingiendo que no le quedaba nada. ¿Acaso se puede fingir que lo has perdido todo, igual que los trabajadores de la empresa, los demás empresarios a los que debían dinero como agencias de viajes y hoteles o los clientes que tenían unas vacaciones ya pagadas, y continuar viviendo en la misma mansión? Es de suponer que la casa no estará a su nombre, ni lo estarán los chalets de Mallorca ni los pisos de Nueva York. Ni, por supuesto, las cuentas en paraísos fiscales. El kilo de oro estaría enterrado y los billetes, camuflados en cualquier rincón.

Todo preparado. Para los demás, la cosa es bien distinta. Nos embargan los muebles, el coche y los electrodomésticos, sólo para empezar. Después, viene el desahucio, la ruina más absoluta, porque ninguna entidad de crédito te concederá jamás un préstamo personal para salir del bache. Todos sabemos que una persona vale lo que vale su aval.