Canon digital: Del lobby a los Presupuestos

El Gobierno ha dado una solución lógica al largo conflicto en torno al canon digital. Con una lógica, eso sí, perversa. Ha institucionalizado en los presupuestos una apropiación de nuestra renta para transferírsela a un grupo social, con una lógica menos clara que lo que parece, pero con una eficacia total.

La lógica del canon es que quien adquiere ciertos bienes culturales, luego los puede duplicar y ceder sin coste alguno. Quien recibe la copia disfruta del bien sin haber pagado por él. El canon sería una forma de compensar a los autores por las pérdidas ocasionadas por la cesión o reventa de copias privadas.

El canon digital adolecía de varios problemas. El primero es que la copia privada es perfectamente legítima. Una persona adquiere un disco en una tienda (de las que aún quedan). Se hace una copia del disco para disfrutar de él en el coche sin necesidad de traerlo y llevarlo. Y se hace una segunda copia para escucharlo en un reproductor digital, mientras va por la calle. Todo ello es legítimo y no va contra la ley.

El canon digital no está pensado para esos casos. En principio. Pues la verdad es que el canon recae sobre aquéllos bienes que pueden guardar y reproducir información, como las memorias USB, los CDs, los DVDs y BlueRay, y los reproductores de estos soportes. También los reproductores de mp3, mp4 y demás archivos digitales. Y, por supuesto, los teléfonos móviles que también pueden reproducirlos. El usuario paga, independientemente de cuál sea su uso, aunque sea una copia privada perfectamente legítima. Y ese usuario paga lo mismo que una persona que se dedique a copiar industrialmente películas para luego venderlas en el “top manta”.

Otro problema, del que se habló en su momento, cuando la economía iba bien, pero del que apenas se habla cuando tenemos un problema lacerante de desempleo, y es las decenas de miles de puestos de trabajo perdidos por la aplicación del canon digital.

El Tribunal de la Unión Europea condenó el canon digital en España por ser indiscriminado. Y lo es. Tampoco es la única solución posible. En el caso de que haya de cobrarse un canon, lo cual es discutible, hay una vía mucho más justa. Antonio José Chinchetru, periodista especializado en Internet, ha señalado a El Imparcial que “se podría imponer el canon sobre la obra original. Aunque seguiría siendo indiscriminado, ya que no se sabe en principio qué uso va a dar el comprador a esa obra, hay una relación más clara entre el pago del canon y el uso considerado indebido de la copia”.

Además, tiene otra ventaja: “Habría una correspondencia exacta entre las ventas y el cobro del canon. Pero eso restaría muchísimo poder a las sociedades de derechos, pues perderían la capacidad de repartir los ingresos como el canon”, señala Chinchetru, de Periodista Digital. Y algunas, como la SGAE, reparten esos ingresos con unos criterios que no se han expuesto con la debida claridad.

Si el canon digital era indiscriminado, el cobro de derechos vía impuestos lo es aún más. Ahora lo pagarán todos, compren o no bienes culturales, compren o no dispositivos digitales. Con el canon se produce un fenómeno que es la esencia de la política: La transferencia de renta y riqueza del conjunto de la sociedad a un grupo políticamente poderoso, y al propio Estado.

Una vez adherida esa clase al presupuesto, por la decisión política del gobierno del Partido Popular, ya no saldrán nunca. Y a medida que nos vayamos recuperando, los medios de comunicación replicaremos los mensajes de los perceptores de las rentas del canon y los políticos en el sentido de lo importante que es la cultura y cuánto debemos protegerla. Y las partidas dedicadas a volcar sobre sus bolsillos el dinero de los impuestos crecerán más y más.