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Economía a pie de encina

Manuel Sánchez de Diego
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msdiegoucmes/7/7/11
lunes 10 de diciembre de 2012, 20:49h
Recuerdo una conversación que tuve hace ya tiempo con mi tocayo, Manuel Ingelmo, sobre economía. Esa economía que sólo conoce la gente del campo. Entre encinas de Extremadura pateábamos un suelo seco con boñigas de vacas aquí y allá. El cielo cubierto amenazaba con una lluvia que nunca llegaba. Como hombre recio no se lamentaba ni de la dureza del clima, ni que en pleno abril tuviera que seguir dando pienso a los animales, ni que de las subvenciones se cobrara menos, ni que el precio de la carne fuera el de hace tres décadas, ni siquiera que con los costes actuales no era rentable cultivar algunas tierras. Sólo hablábamos sobre los nubarrones negros de nuestra economía y lo estúpidos que a veces somos. Eso sí, lamentaba que en España agricultores y ganaderos no tuvieran la fuerza que tienen en Francia.

Me contaba que las normas y los funcionarios acogotan a quienes de verdad producen, al sector primario. De cómo un funcionario pregunta sobre el número de vacas cuando esa información la tiene en el ordenador, puesto que la explotación había pasado recientemente un saneamiento, y los animales habían pasado, uno a uno, la inspección veterinaria.

Relataba lo que estaba ocurriendo con las granjas de gallinas ponedoras que por la reciente normativa de bienestar de gallinas deben de proporcionarle más espacio a cada animal. Eso significaba menos animales por granja y menos huevos, porque la inversión para hacer nuevas naves tropezaba con licencias y obstáculos para ello. Además se necesita capital que no se tiene y con créditos no llegan pese a que los bancos obtengan dinero a bajo interés del Banco Central Europeo. Claro que para la Banca el negocio no es financiar a ganaderos y agricultores, sino comprar deuda del estado, algo rentable y con un riesgo menor que una granja de gallinas. Además señalaba- las viejas jaulas, pequeñas para el bienestar animal, se estaban vendiendo a Marruecos. Dentro de poco, compraremos de ese país huevos de gallinas más estresadas, pero más baratos. Quizás la granja en España haya conseguido animales más felices por un tiempo, porque al final ante la competencia foránea tendrá que cerrar. Mi amigo no criticaba las normas, seguramente son necesarias y más justas decía, pero la realidad es que tenemos que competir ante nuestros rivales con un brazo atado a la espalda ¡Manda huevos!

Con esa perspicacia que tiene la gente del campo se preguntaba si la restricción a la importación de soja y bioetanol de Argentina supone el aumento del precio de los piensos. Al final decía siempre pagamos los mismos.

Tengo que darle la razón que en nuestro país se legisla mucho y mal. Hace ya tiempo un ilustre catedrático sentenció que “España era una dictadura de las leyes, atenuada por su incumplimiento”. Las normas del Estado, tanto de las Cortes como del Gobierno –Decretos Leyes y Decretos Legislativos y las dictadas por la potestad reglamentaria, las dictadas por la 17 cámaras legislativas de las Comunidades Autónomas, las disposiciones de los ayuntamientos y las de cualquier autoridad independientes que se precie configuran un enmarañado marco normativo de difícil comprensión incluso para los especialistas en Derecho. Con todo ello no es extraño que nos encontremos con una diarrea legislativa difícilmente digerible. Hagan la prueba y en cualquier buscador de legislación traten de encontrar las normas sobre consumidores y usuarios. La relación parece interminable.

Dentro de la labor legislativa sobresalen algunas normas como la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, del anterior gobierno de Rodríguez Zapatero que con ocupa 203 páginas del BOE y tiene 114 artículos, 20 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria, 60 disposiciones finales y un anexo a la disposición adicional sexta. Esta Ley trata temas tan variopintos como la energía nuclear, la educación, la comisión antidescargas de Internet –conocida como Ley Sinde , el déficit tarifario del sector eléctrico, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los “procedentes de los sistemas agrícolas a través de, entre otros, el fomento de prácticas agrícolas, ecológicas y sostenibles”, seguros y un largo etcétera.

A modo de ejemplo, la conocida como “Ley Sinde” en honor de la cineasta y ministra de cultura es en realidad la disposición final número 43 de la citada Ley de Economía Sostenible que modifica tres leyes y que tiene una extensión más de dos veces superior a este escrito.
La propia realidad traducida en la crisis económica que vivimos se ha encargado en demostrar que normas como la Ley de Economía Sostenible a parte de un nombre excelente no son capaces de enderezar ninguna economía.

Palabras y más palabras dibujan un escenario ideal que se incumple y está en contradicción con la complejidad de la propia Ley. Sirvan como ejemplos dos párrafos, el 7º del artículo 4 de la reiterada Ley de Economía Sostenible: El principio de simplicidad exige que toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo. O, en el mismo artículo 4, el párrafo 9: En todo caso, los poderes públicos procurarán el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación y sin más cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para la satisfacción del interés general. La propia estructura y materias que trata la citada Ley 2/2011 nos obliga a decir: sin comentarios. La otra alternativa sería echarse a reír o a llorar.

Son necesarias normas, pero pocas y claras. Y lo que es más importante, que se cumplan. Para ello es necesario simplificar la estructura de nuestro Estado en sus niveles estatal, autonómico y local. Ahora ya ha llegado la lluvia y es el momento de ocuparse de hacer que nuestra organización política sea más eficiente. Hemos sido eficaces en lograr un estado democrático, ahora es el momento de mantenerlo de forma eficiente. Eso sí, sin pisar más que los charcos imprescindibles y, sin salpicar.

Manuel Sánchez de Diego

Abogado y Periodista. Profesor de la UCM

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