CIU y Esquerra pactan por la ilegalidad

CIU y Esquerra están escenificando un complicado proceso negociador que hasta la fecha les ha impedido alcanzar un acuerdo estable de legislatura. La realidad es que dicho acuerdo ya existe: el apoyo que quiere CIU es el de Esquerra y no otro -de ahí que Artur Mas rechazase al PSC-, y Esquerra, por su parte, depende de CIU para que se celebre la consulta ilegal. De hecho, este parece ser el único y principal reto al que ha de enfrentarse Cataluña, a juicio de los nacionalistas.

Ni la crisis, ni el ruinoso estado de sus finanzas -la deuda de la Generalidad es la más alta de todas las comunidades autónomas- ni la sombra de corrupción que se hace más alargada cada día parecen preocupar a Ciu y Esquerra. Ambas formaciones saben que la consulta que quieren llevar a cabo es ilegal y, pese a ello, lo han convertido en un asunto prioritario. Tan es así que no se habla de otra cosa, salvo de la citada ilegalidad. Y eso es lo peor. Dice muy poco de la fiabilidad de España como país el hecho de los dos partidos políticos con mayor representación en un territorio de la importancia de Cataluña se pongan de acuerdo en vulnerar la ley.

Y no sólo en este aspecto, pues ya han acordado hacer lo propio si el Gobierno hace valer los derechos de los padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano, anunciando que no aplicarían esa ley. Entiéndase bien, no hay guerra de lenguas y menos aún ataque al catalán: lo que se discute son derechos. En cualquier país mínimamente serio, ningún servidor público se atrevería a incurrir con tanto descaro en comportamientos que rebasan el desacato y la prevaricación. De seguir empeñados en su proceder, la justicia tendría que intervenir para hacer respetar la legalidad vigente.

En todo caso, no debemos olvidar que en la práctica nacionalista, plebiscitos y quiebra del principio de legalidad suelen ir unidos y, a fin de cuentas, el sórdido trayecto suele acabar en vulneración de derechos y en un sistema autoritario.