Un año con Rajoy

Esta semana se cumple un año desde que Mariano Rajoy juró el cargo de presidente del Gobierno de España después de que su partido consiguiese la mayoría absoluta en las elecciones generales. Muchos españoles que votaron al PP y seguro que el propio Rajoy y los dirigentes de su partido pensaban honestamente que la llegada de los populares al poder produciría un giro en la tendencia negativa de la economía española. No pocos miraban al espejo del primer Gobierno de Aznar como ejemplo en el que pudiese reflejarse el presente.

Un año después estas expectativas no se han cumplido y la mayor parte de las variables macroeconómicas han empeorado: el paro sigue subiendo y alcanza cifras no sólo alarmantes sino verdaderamente escandalosas, las cuales, en cualquier momento, pueden provocar un estallido social. Detrás de los abstractos números hay personas concretas que no tienen de qué vivir mientras los subsidios se suprimen o se reducen y la solidaridad familiar y de las instituciones de beneficencia está llegando a un punto de quiebra.

La prima de riesgo, aunque se ha moderado en los últimos meses, ha subido desde que Rajoy está en Moncloa. Se mantiene en cotas que hacen difícilmente sostenible la financiación a medio y largo plazo de los presupuestos públicos y dificulta, al tiempo, el acceso al crédito de las entidades financieras y, consecuentemente, de las empresas y familias. Lo que se une a la suspicacia con que todavía se mira desde dentro y desde fuera de nuestras fronteras al sector bancario español, y esto impide el flujo normal del dinero.

La economía no repunta y el PIB sigue decreciendo –o creciendo negativamente, como afirma, con flagrante contradictio in terminis el ministro De Guindos–, mientras no se controla la inflación, lo que nos lleva a una situación de estanflación: decrecimiento de la economía, desempleo y crecimiento simultáneo de los precios, mientras se congelan o reducen salarios y pensiones, y, por lo tanto, los asalariados y pensionistas pierden poder adquisitivo.

Se podría seguir comentando otras variantes que mostrarían de forma más contundente la situación lamentable en que nos encontramos. Sólo el crecimiento del turismo y de las exportaciones refleja que hay algunos sectores productivos pujantes, aunque son aún insuficientes para tirar del conjunto de la economía.

Rajoy y su Gobierno se escudan en la herencia recibida, en que el déficit del 2011 superó el previsto y en que un año no es tiempo suficiente para que las reformas emprendidas den frutos, pero el Gobierno debería reflexionar sobre el incremento de la contestación a sus políticas en la calle. No se trata sólo de movilizaciones políticas, como algunos miembros del PP insisten una y otra vez en calificar –y dicho sea de paso: en una democracia se puede hacer política desde distintos ámbitos–, sino de que la situación social está llegando a un punto en que la gente no ve ninguna perspectiva de futuro sino la oclusión de cualquier posible salida. Los recortes en sanidad y el mal llamado copago sanitario –es repago–, los recortes en educación, en ayudas a la dependencia y otras ayudas sociales, la moderada subida de las pensiones por debajo del IPC –aunque sea cierto que Zapatero las congeló–, la bajada del sueldo a los funcionarios –insistiendo en la misma línea que el Gobierno anterior–, la reducción de derechos laborales que se consideraban consolidados... son políticas que los ciudadanos no entienden si no van acompañadas de un horizonte vital que muestre signos de que todo va encaminado a la recuperación económica y a la mejora del bienestar social. Los ciudadanos están ya cansados de los discursos optimistas y, en el fondo, vacíos que anuncian brotes verdes o indicios que apuntan... no se sabe dónde.

A esto hay que añadir que Rajoy ha optado por formas de hacer política que van contra el tan cacareado espíritu de la Transición, el cual se miraba más en el modelo consensual de la Restauración que en el conflictual de la Segunda República: los Gobiernos que se suceden respetan sustancialmente los avances sociopolíticos de los anteriores. El presidente del Gobierno ha decidido gobernar por decreto-ley (más de treinta en un año), obviando al Parlamento la discusión normativa, y se ha mostrado muy receloso de ir a las Cortes a explicar las decisiones adoptadas motu proprio y las impuestas desde la Unión Europa y otros organismos internacionales por la condicionalidad del rescate bancario. Las reformas de Gallardón en el ministerio de Justicia han levantado a todos los colectivos implicados en el poder judicial y a los ciudadanos, porque las nuevas tasas judiciales dificultan grandemente el acceso a la justicia de las clases bajas y medias. El Gobierno, por otro lado, está permitiendo a la Iglesia Católica recuperar una influencia que muchos pensábamos desterrada de una sociedad moderna. Además, incongruentemente, esta influencia va contra lo que muestran las estadísticas respecto a cómo viven hoy los españoles sus creencias religiosas: ahí está la reforma de la Ley del aborto planteada por Gallardón y la reforma educativa propuesta por Wert. El matrimonio entre personas del mismo sexo se ha salvado gracias a una sentencia del Constitucional, que ha disgustado mucho a muchos sectores del PP.

A Rajoy la sociedad le pide a gritos que sopese bien cada una de las políticas de austeridad que está aprobando y, sobre todo, que presente algún plan ilusionante y realista para salir de la crisis. Son muchos los sectores sociales que reclaman un gran pacto de Estado entre los dos grandes partidos, al que deberían sumarse también otros grupos políticos y representantes de numerosos sectores sociales. Este gran pacto de Estado debería incluir un pacto por el empleo que dé facilidades a los sectores más activos de la economía española; un pacto por la educación enfocado a prestigiar la enseñanza y a mejorar la formación de los alumnos que, sin perjuicio de prepararlos para la sociedad actual, no olvide el necesario componente humanístico de nuestra cultura; un pacto por el sostenimiento y, de ser posible, la mejora de la inversión en I+D+i para progresar en la constitución de una sociedad del conocimiento que implique a los sectores públicos y privados; un pacto para mantener en la medida de lo posible los logros sociales alcanzados en los últimos treinta años; un pacto por una profundización en los valores y el funcionamiento de nuestra democracia que se refleje en una clara conciencia de servicio público por parte de los políticos y en una mayor implicación social en la gestión de la res publica; un pacto por una política europea que busque socios dentro de la UE en apoyo a un gran plan de inversiones en infraestructuras e I+D+i a nivel europeo; un pacto por una política internacional que ayude a la inversión de empresas españolas en el exterior con el compromiso de contratar a parados españoles para llevar a cabo sus proyectos fuera de nuestro país. Son sólo algunas ideas, pero que podrían abrir la puerta de un futuro mejor que por ahora no se ve, después de un año de Gobierno de Rajoy.