¿Es España un país de corruptos?

De entre todas las acusaciones que regularmente lanzo contra el país en el que nací, probablemente esta sea la más grave. En realidad no es una acusación formal, ni tan siquiera una sospecha, es sólo una exageración utilizada para llamar la atención sobre una tendencia que me preocupa al tiempo que me llena de vergüenza ajena.

Con más frecuencia de la que nos gustaría, escuchamos en los medios numerosos casos de corrupción protagonizados por la clase política. Sólo en el marco de las últimas movilizaciones sociales, las denuncias contra dichas prácticas parecen visibilizarse de forma más o menos seria. Hasta entonces, casi podría parecer que la población española se hubiera acostumbrado a tales fenómenos, como si hubiese que aceptar cierto margen de debilidad ética por parte de nuestros representantes. Llegó un momento en el que parecía identificarse al político como un personaje con altas probabilidades de convertirse en un amigo, no de lo ajeno, sino de lo público. Pero lo grave es que diera la sensación de que ello se aceptase como una característica insalvable de la idiosincrasia nacional: un mal necesario, la picaresca de las grandes esferas.

¡Ni que fuese éste el único país que cuenta con políticos corruptos! Por supuesto que no. E incluso puede que yo mismo me haya acostumbrado a lamentarme con pasividad ante el conocimiento de alguna nueva tropelía. Lo que de verdad me ha alarmado últimamente son los casos de “baja corrupción” que equivocadamente se suponían extintos en las democracias occidentales.

Algunos casos espeluznantes son el del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid en cuyo seno se investiga una trama para la agilización de licencias (caso Guateque); las acusaciones de extorsión que recaen sobre la policía local de Coslada (caso Bloque); y más recientemente el de la presunta red de traficantes de datos personales que afecta a un amplio espectro de perfiles del sector público y privado (caso Pitiusa). Este último me dejó especialmente pasmado, ya que de momento ha logrado arrastrar a más de 150 imputados. ¿Cómo de ramificada y extendida está realmente la corrupción en este país? Nunca me parece que los titulares sean lo suficientemente grandes, nunca siento que la gente se escandalice lo suficiente. ¿Será que a nadie le extraña porque lo ve más a menudo de lo que yo jamás imaginaría? Lo dudo. ¿Seré yo un idiota que no sabe ni en qué clase de mundo vive? Podría ser. ¿Será que lo llevamos en la sangre? Sinceramente, espero que no. ¿Será que por estas latitudes, el error no es que estas cosas ocurran, sino que te pillen? Esa, por desgracia, me parece la respuesta más aprovechable.

Un buen argumento para remunerar generosamente a quienes deciden nuestro destino es la idea de que la corrupción siempre se puede curar con buenos salarios. Los de nuestros políticos no es que sean ningún chiste –bueno, depende de para quién–, y aun así no parece que hayamos erradicado el problema del todo. ¿Qué pasará ahora que merman los ingresos por doquier? Es posible que con ello tengamos que leer ojipláticos aún más titulares de los que tanto deberían avergonzarnos y sorprendernos. O quién sabe, quizás por el contrario se extienda un espíritu ético que afecte al país cambiándolo por completo. Todo puede ser.

Dinero, dinero, dinero... Parece que es lo único que importa en este estúpido mundo. Por eso reclamo mi derecho a una porción de desencanto cuando veo algunas de las movilizaciones actuales. Un descontento compuesto por multitud de egos que reclaman al Gobierno que no se toque su capacidad adquisitiva, no es el caldo de cultivo para un cambio social basado en la solidaridad, la autogestión y el apoyo mutuo. Es entristecedor escuchar las críticas hacia el poder acompañadas de apreciaciones más bien mezquinas, egoístas y banales. Y lo que produce más miedo, esa actitud conduce más fácilmente hacia el fascismo que hacia una revolución en la que se luche precisamente contra lo que nos ha llevado a la actual situación: el egoísmo.