Urge regular el derecho a la huelga

Ignacio González, Presidente de la Comunidad de Madrid, reclamaba ayer –y con razón- la articulación urgente de una ley de huelga. Lo hacía en una semana en la que se le juntaban los paros en el Metro y en la sanidad pública, con la consiguiente repercusión en todos los ciudadanos. En clave nacional, hay que señalar la desconvocatoria de las movilizaciones que tenía programadas Iberia para estas fechas, más otros tantos conflictos que toma al conjunto de la ciudadanía como rehén de sus reivindicaciones.

La Constitución recoge el derecho a la huelga, y dispone que una ley regulará no sólo su ejercicio, sino “las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad”. A día de hoy, el ordenamiento jurídico español adolece de una legislación como es debido en materia de huelga, lo cual es absolutamente impresentable. Ningún gobierno se ha atrevido a afrontar la articulación de un texto normativo que regule el ejercicio del derecho de huelga, y las consecuencias a la vista están. La sociedad al completo no tiene porqué padecer los daños colaterales de conflicto laboral alguno. Determinados colectivos tienen una gran capacidad de perturbación con sus acciones, como ha podido verse en reiteradas ocasiones. Quizá deberían tener en cuenta que el ordenamiento jurídico no sólo consagra derechos, como el de huelga, sino deberes. Entre los cuales no figura tomar como rehenes a ciudadanos indefensos ante paros abusivos.