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Cumplir y hacer cumplir

jueves 03 de enero de 2013, 08:01h
La ley. Eso es lo que ha jurado o prometido el Gobierno, con su Presidente a la cabeza. En primer lugar, cumplir la Constitución, naturalmente. Y es reconfortante que una mayoría aplastante de la ciudadanía esté en ese consenso democrático elemental.

La contraposición entre democracia y legalidad es uno de esos disparates en que se han instalado una parte considerable de los políticos nacionalistas. No hay democracia sin legalidad: una conclusión a la que llegaron los antiguos siglos antes de nuestra era. La sacralización de la norma discurre, pari passu, con el eclipse de los dioses. Y tenía -y tiene- su sentido. Ese hombre, sin el imperativo moral de las reglas de los dioses, (Sófocles) amenazaba -como el personaje de Los Hermanos Karamazov, muchos siglos después- con comportarse como un ser descontrolado.

Por eso, quizá, cuanto más escépticos se volvían los pensadores sobre los dioses, tanto más subrayaban la importancia del nomos. De ahí, que la democracia ateniense, en la misma medida que aceptaba la consideración “natural” del poder, como temía sus consecuencias, desarrollara una firme cultura de la legalidad como forma de controlar y limitar ese poder. La ley era el complemento indispensable de la isègoria y la eleutheria -el derecho a la palabra y la libertad que caracterizaban al régimen ateniense- y, en la medida que era su garantía, la libertad presuponía el estado de derecho que, regulando con la ley la libertad de todos, hacía posible la de cada uno. En Roma se le dio una vuelta de tuerca a la idea. Somos siervos de la ley ut liberi esse possumus, escribe Cicerón en su Pro Cluentio. De este modo, se convertía el derecho en el principio de organización política, identificando Libertas con ley, y justicia con derecho positivo, que no a la inversa, de modo tal que la justicia lo es en tanto que es derecho. Una característica de la ciudadanía que no se le escapó a Herodoto: los atenienses, nos explica, no tienen dueño, pero son siervos de la ley.

Con esta noción de la democracia como un pacto de reglas, como arquitectura legal, se inaugura también una concepción que veremos repetirse en el mundo de los modernos: la idea de que, en una sociedad construida en base a una ciudadanía de individuos libres e iguales, sin otras barreras aceptadas de orden religioso, estamental o de clase, el control del poder exigía, como garantía de libertades, un edificio legal particularmente sólido y al abrigo de la ambición política. Un gobierno de leyes, que no de hombres –pedía Madison en El Federalista- porque, explicaba Rousseau, cuando la ley está sometida a los hombres, no quedan más que esclavos y amos: la libertad siempre sigue la misma suerte que las leyes, reina y perece con ellas.

“La ley es coerción” pero también “tutela”: “un formidable freno” porque “se aplican incluso a quienes las hacen” e imponen (Touriane). El ejemplo, en persona, de la sacralización de la norma, por injusta que fuese, es la aceptación de Sócrates de su propio sacrificio. Por eso, piensa hoy Sartori que la libertad política debe ser una “libertad defensiva, una libertad de, previa a las libertades para”, las cuales “no pueden pasar por encima de las libertades de. De esta suerte, “la democracia liberal es en primer lugar demoprotección, la protección del pueblo contra la tiranía”. La vieja democracia –resumía Ortega- vivía templada por una abundante dosis de liberalismo y de entusiasmo por la ley.

¿Puede cambiarse la ley y la norma normarum que es la Constitución? Naturalamente, que se puede. Pero, no “saltando” sobre ella, que –según Vicens Vives, un gran historiador catalán- había sido el “mal español” desde el año ocho del siglo ante-pasado y del que creíamos habernos librado al conjuro de la Transición.
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