El “lío Bárcenas” si la Justicia no lo remedia pronto

Tanta información para no saber nada. Tanto debate para tener que esperar a que las sentencias judiciales escriban la conclusión. Y tanta inmediatez en la noticia para que la verdad se eternice en llegar si es que llega a nuestro conocimiento.

El “caso Bárcenas” es hoy una secuencia de revelaciones y desmentidos en la que sólo los protagonistas saben qué hay de cierto, qué de manipulación y qué de mentira. Los ciudadanos contemplan atónitos el teatro político y mediático, plagado de pésimos actores naturalmente histriónicos, que apenas hacen creíble sobre el escenario una mínima parte del papel que interpretan.

Dar crédito a una versión o a la contraria es, de momento, un acto de fe tamizado por la ideología, los prejuicios y el estado de ánimo. De ese revoltijo emocional, Mariano Rajoy y el Partido Popular salen muy mal parados con independencia de que sean o no unos corruptos de tomo y lomo.

El descrédito de las instituciones en general y de la política en particular es de tal envergadura que la reacción de los españoles puede pasar de la habitual apatía a la rebelión. Sólo la actuación rápida, implacable e impecable de la Justicia -que tampoco es ajena a la desconfianza de los ciudadanos- puede devolver el sosiego a quienes bastante tienen con sacar adelante a sus familias todos los meses, que ya todos vienen con cuesta.

Entre tanto y hasta entonces y para siempre, los políticos deberán comportarse con inmaculada pulcritud y legislar con severidad contra la corrupción; los periodistas investigarán y denunciarán con sus informaciones cada transgresión de ese exigible recto actuar; la Policía perseguirá el delito; y los jueces aplicarán la ley. Y en ese mundo perfecto que nos hemos de dar un minuto antes de la revolución, cada uno de nosotros hará examen de conciencia para entender por qué no encendió una tea y se echó a la calle.

Y si el “caso Bárcenas” no sirve para detener la rebelión ciudadana que estuvo a punto de provocar, para poner fin a la corrupción enquistada en nuestro país y para restaurar la confianza de los españoles en las desprestigiadas instituciones, entonces será un caso más, que suma para ir mejorando poco a poco nuestra democracia, pero que no supone un punto de inflexión. Y tanta información, tanto debate, tanto juicio que vendrá, tanta agitación callejera y tanto desasosiego de nada relevante habrán servido. La Justicia tiene, como debe ser, la última palabra. ¡No tarde en pronunciarla!