El Gobierno y los indultos

El Supremo dictaminaba ayer que Alfredo Sáenz, consejero del Santander, no tiene “la honorabilidad profesional necesaria para ejercer la actividad bancaria”. Lo hacía anulando parcialmente el indulto que el Ejecutivo -ya en funciones, lo que añade un viso aún mayor de irregularidad- de José Luis Rodríguez Zapatero concedió a Sáenz, y que le permitía seguir llevando a cabo sus funciones como banquero. Funciones en las que debería cesar si, con arreglo al Real Decreto 1.245 de 1995, tuviese antecedentes penales, como ya es el caso.

Ya en su momento se trató de un indulto polémico, si bien no es el único. Hace bien poco se conoció el caso de un conductor kamikaze indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquí, además, se daba la circunstancia de que uno de los abogados del despacho que llevó la defensa de dicho conductor durante su juicio es hijo de Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. Hasta la fecha, esta medida de gracia era una herramienta más del estado de derecho. Pero en el momento en que se pueda percibir que el poder ejecutivo puede enmendar la plana al poder judicial de un modo tan discrecional como es el indulto, se pone en cuestión la seguridad jurídica. Y con independencia de Zapatero, Rajoy o quien quiera que esté en la Moncloa, esto es algo que no puede volver a producirse.