Acuerdo trasatlántico: riesgo y oportunidad

Barack Obama ha cumplido con la tradición de informar sobre el estado de la Unión ante el Congreso de los Estados Unidos, una de las pocas facultades que le reconoce la Constitución al jefe del Estado. En su discurso, el presidente demócrata ha expresado cuáles son las prioridades del arranque de su segundo mandato. Entre ellas se encuentra la creación de un acuerdo de comercio trasatlántico entre los EE. UU. y la Unión Europea. Estamos ante una gran oportunidad para el viejo y el nuevo continente, pero también corremos un enorme riesgo, que puede condicionar el destino del siglo XXI.

La Unión Europea y los Estados Unidos son el mayor socio comercial el uno del otro. Las relaciones combinadas de inversiones superan los cuatro billones de dólares, mientras que el valor del comercio el pasado año alcanzó los 646.000 millones de dólares. Según diversas estimaciones, un acuerdo de comercio que resultase en una verdadera liberalización podría aumentar el PIB de ambas partes nada menos que un 1 por ciento cada año. Esto supone la posibilidad de doblar la producción en tres generaciones sólo por liberar el comercio, o renunciar a ello. La mayor riqueza no sólo nos permitiría tener más y mejores trabajos y alcanzar mayores niveles de vida, sino conseguir otros objetivos que también valoramos, como mejorar el medio ambiente o favorecer el bienestar de los más pobres.

De lo primero que tenemos que ser conscientes es de las grandes barreras a ese libre comercio, que lo son también a un acuerdo liberalizador. Si exceptuamos los bienes agrícolas, el arancel medio entre ambas áreas económicas ronda el 5 por ciento. Aunque cualquier arancel es excesivo, ciertamente no supone un obstáculo muy empobrecedor. Las grandes barreras son no arancelarias, y hacen referencia a la regulación que condiciona la producción y consumo de los bienes y los servicios. Un estudio elaborado por el Parlamento Europeo calculó que simplemente reduciendo a la mitad estas barreras supondría incrementar el PIB de los Estados Unidos en 50.000 millones cada año, y el de Europa en otros 160.000 millones.

Nuestra prosperidad, y la del mundo, más los dictados de la justicia, que son los de la libertad, nos exigen que ese sea el camino que sigamos. Europa ha señalado cuál es el modo de hacerlo, al poner en práctica el reconocimiento mutuo de las licencias: Un bien o servicio que obtiene el visto bueno de una administración puede operar en el conjunto de la UE, y lo mismo podría hacerse dentro del área de libre comercio trasatlántico. Pero Europa también muestra el camino contrario, que es el de la llama “armonización”: la imposición de una regulación común, que evitaría la competencia entre administraciones y, con ella, se perderían unas enormes oportunidades para el comercio. El principio contrario del reconocimiento mutuo permitiría que fuésemos descubriendo qué regulación es más efectiva y menos contraria al libre ejercicio empresarial. Por el contrario, la “armonización” es el nido de los cárteles empresariales, contrarios a la libertad de comercio y, por tanto, al bien común.

Otra barrera es la de los subsidios, y especialmente los agrícolas. La Unión Europea destina 39.000 millones de euros y los Estados Unidos 11.000 millones de dólares cada año a sostener las rentas de los productores agrícolas. Una política que, además de ineficaz e injusta con los contribuyentes, es lacerante con los legítimos intereses de los productores del resto del mundo; especialmente de aquéllos países pobres que tienen en la agricultura una importante fuente de riqueza, que nosotros cercenamos.

En definitiva, de este largo y complejo proceso –para el que las partes se han dado un periodo de dos años- tienen que salir un mundo más libre y, por ende, más próspero y más justo para todos.