Educación pública, garantía de igualdad

Ejes de una política progresista IV

En la historia del pensamiento político y en la vida política del siglo XIX se produjo un debate muy interesante en torno al concepto de igualdad. Los liberales, en su lucha contra el Antiguo Régimen, impusieron un Estado de Derecho basado en el principio de la igualdad ante la ley frente a los privi-legios anteriores. Mas una cosa era la constitucionalización de los derechos y libertades y otra la realidad de la vida cotidiana, en la que no imperaba siempre la ley sino los mecanismos caciquiles, las inveteradas costumbres clientelares y la influencia que en las relaciones de los ciudadanos con la administración pública y entre ellos mismos seguían teniendo las diferencias sociales. Frente a esta desigualdad real --ya no sólo desde un punto de vista material, sino legal mismo en la práctica jurídica-- se levantó la voz del pensamiento democrático y socialista reclamando una verdadera igualdad, una igualdad real, como se decía entonces.

En esa lucha por la igualdad real, la reivindicación de una educación pública básica que fuese accesible a todos los ciudadanos independientemente de su condición social fue una de las claves de los movimientos sociales y políticos progresistas desde mediados del siglo XIX. ¡Qué menos que todo el mundo supiese leer y escribir para que pudiese ejercer sus derechos de ciudadanía!, los cuales les eran muchas veces negados a los nacionales de un país precisamente por no estar alfabetizados. En Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Austria, en la Italia del norte, en los países escandinavos, en Holanda y en Bélgica a principios del siglo XX se había alcanzado casi una alfabetización total, gracias a políticas de inversión en escuelas públicas, como en la Francia de la Tercera República, o gracias a una concienciación de la importancia de la educación y especialmente de la educación técnica para adaptar la sociedad al nuevo mundo industrial, que es lo que pasa en Gran Bretaña, donde el peso de la educación pública fue menor, y en Alemania. En España, se produjeron mejoras progresivas, aunque lentas, desde mediados del siglo XIX, y especialmente a partir de los gobiernos liberales de principios del XX, pero no será, como es conocido, hasta la Segunda República cuando se lleve a cabo un verdadero esfuerzo por extender la educación pública a todo el territorio con nuevas escuelas. La Guerra Civil y el primer franquismo echaron por tierra, como es también sabido, estos avances, y no fue hasta los años del desarrollo cuando los índices de alfabetización, educación secundaria y universitaria alcanzaron cotas como las de los años 30.

A pesar de todas las críticas que el modelo educativo español recibe, muchas no exentas de razón, la verdad es que desde los años 70 el impulso modernizador en la educación española a todos los niveles ha sido muy significativo. Frente a la visión catastrofista, muchas veces interesada, que de la educación pública española se lanza desde determinados medios y grupos políticos y sociales, la verdad es que los avances han sido notables desde finales de la etapa franquista. Aun así sigue habiendo problemas graves. Pongamos algunos ejemplos: casi un cuarto de los niños abandonan la educación antes de terminar la ESO; los conocimientos de los alumnos quedan muy por debajo de lo razonable en los informes PISA, sobre todo si tenemos en cuenta cómo ha crecido el gasto en educación; la formación profesional sigue sin resultar atractiva a muchos estudiantes y hay que conectarla mejor con las demandas de la sociedad y el mundo laboral; y ninguna universidad española aparece en puestos medianamente dignos en los índices internacionales de excelencia, por muy discutibles que sean algunos de los parámetros que se aplican a la hora de realizar dichos índices.

Una política progresista que de verdad lo sea debe poner su acento en la educación pública para que estos problemas vayan corrigiéndose. La educación pública es la mejor garantía para que exista una verdadera igualdad de oportunidades. Una política progresista que de verdad lo sea tiene que prestar especial atención y poner los medios necesarios para que los colegios de los distritos urbanos menos favorecidos y de los pequeños pueblos españoles ofrezcan niveles de calidad equiparables a los de los colegios e institutos de los mejores barrios de las grandes ciudades, cuyo nivel también hay que mejorar. No hay una inversión más productiva, a medio plazo, que la que se lleva a cabo en educación. Tenemos muchos ejemplos internacionales al respecto. Una sociedad bien formada es una garantía para el desarrollo.

Una buena educación pública, sin perjuicio de formar a los alumnos para las necesidades que tienen que afrontar en el mundo actual y especialmente a la hora de buscar empleo, no debe olvidar nunca el componente humanista, científico y cívico de la formación. Me preocupa mucho que cada vez que oigo hablar de reformas educativas, sea al nivel que sea --hoy he escuchado a la secretaria de Estado en la radio--, las referencias a los contenidos son escasas y nunca profundas. Hay que hablar de contenidos, sobre todo de contenidos, porque si no, al final fabricamos maravillosas formas huecas.

En el nivel adecuado a cada etapa escolar, los niños tienen que aprender la cultura vigente en su tiempo, en el sentido que le da Ortega en Misión de la Universidad como el sistema de respuestas producidas por los hombres para afrontar los problemas y necesidades de cada época. Los niños tienen que aprender a situarse en el mundo en el que viven a partir de la historia de las distintas materias y los conocimientos básicos de las mismas aplicables. Tienen que conocer también cómo se han ido configurando en cada momento unos valores que han sido el fundamento social, las creencias vigentes en cada momento, los paradigmas de las ciencias. Ni las humanidades ni las ciencias deberían explicarse como una retahíla de nombres de autores, libros, inventos, sino que hay que, por seguir con Ortega, insertar la explicación dentro de la razón histórica y vital en que todo eso se ha producido. Es mucho menos importante que un niño se sepa una lista de obras de Lope de Vega que que sea capaz de saber lo que Lope representa en la evolución del teatro y los valores, ideas, costumbres, vigencias... que su obra transmite de la España de aquella fecha. Hay que ver todo desde el punto de vista de la vida viviente. Los niños tienen que aprender a ver las costumbres, las creencias vigentes, las tensiones sociales y cómo los hombres han afrontado los problemas de cada tiempo a través del arte, de la literatura, de la ciencia, de la política y del derecho... Ver el amor con un poema de Garcilaso o de Quevedo, el sentimiento religioso con Santa Teresa o San Juan, la preocupación por el ser de las cosas con Platón y Aristóteles, la meditación y aplicación de la física con Galileo, Newton, Einstein... Son sólo algunos ejemplos. Esto nada empece para que los niños aprendan también a usar las nuevas tecnologías y adquieran, como ahora se dice, capacidades, competencias y destrezas, que son muy importantes y necesarias, pero para poner en práctica unos conocimientos en los que la humanidad ha decantado su historia, pues de nada valen las capacidades, competencias y destrezas si no hay contenidos en su fondo, contenidos que al mismo tiempo orientan el fin que se persiga.

Una política progresista tiene que apostar por la educación pública, sin perjuicio de mantener, aunque posiblemente revisándolo, el sistema de conciertos, que debería someterse a evaluaciones de calidad y recibir ayudas públicas en función de estas evaluaciones. Al tiempo que hay que implicar a los colegios privados que reciben ayudas públicas a través de los conciertos para que participen en una educación de calidad ayudando a corregir también los problemas que la sociedad afronta, como los alumnos rebeldes porque no quieren estudiar o los estudiantes inmigrantes con bajo conocimiento del idioma o que llegan con poca formación de sus países. Una política progresista tiene que aupar a los estudiantes que lo merezcan con un buen sistema de becas, que permita su movilidad a partir del bachillerato y, sobre todo, en la universidad, también para que puedan salir al extranjero. Una política progresista tiene que fomentar la formación profesional para dar salida laboral a los muchos estudiantes que razonablemente quieren enfocar su educación a la práctica de una profesión. Y una política progresista tiene que apostar por una universidad capaz de competir a nivel internacional tanto en formación como en investigación científica. La revalorización de la función de los profesores a todos los niveles es absolutamente necesaria. Los pobres maestros de pueblo que pasaban, como se decía con ajustada descripción de la realidad, mucha hambre tenían un prestigio social que no tienen ahora los profesores de cualquier nivel educativo. Evidentemente este prestigio social se lo tienen --nos lo tenemos-- que ganar los propios profesores, pero una política progresista no puede olvidar el cuidado de uno de los dos pilares básicos de la educación, los profesores, cuya función pública, como todas, tiene que estar sometida al escrutinio de la sociedad, la cual, para opinar y juzgar, tiene que tener información suficiente y datos objetivos frente a la burda manipulación que algunos representantes públicos han utilizado últimamente contra el profesorado. Para eso, la sociedad tiene que tener claro que buena parte del trabajo de un profesor no consiste sólo en su docencia, sino en la preparación y actualización de la misma, y en la investigación en el caso de los profesores universitarios. El otro pilar básico de la educación, el más importante, los alumnos, es al que deben enfocarse todos los progresos, y eso es lo que una buena educación pública nunca debería olvidar.