El drama de los desahucios y los riesgos de un arreglo poco meditado

Desde una mujer que se que quema a lo bonzo a otra que, pese a su avanzada edad -más de ochenta años- tiene que abandonar su casa y un hombre encadenado a la sucursal donde tiene su hipoteca, el mapa de los desahucios en España es un asunto cada vez más en la crónica de sucesos. Hay que decir que este tipo de situaciones son ahora igual de dramáticas que lo eran hace unos años; la única diferencia es que en la actualidad su número se ha incrementado. Eso, unido al descontento generalizado por la crisis, lleva a una corriente de comprensión y solidaridad que cristaliza en iniciativas tipo “Stop Desahucios”.

De entre los muchos datos que pueden aportar algo de luz a esta cuestión está el hecho de que sólo en Madrid, más del 80 por ciento de los desahucios que se producen los ejecuta Bankia, cuya nefasta gestión en materia inmobiliaria resulta ahora paradigmática. El tema, desde luego, es preocupante. Según el Consejo General del Poder Judicial - CGPJ-, los juzgados españoles procesaron 58.241 expedientes de desahucios en 2011, lo que supone un aumento del 22 por ciento con respecto a 2010.

La magnitud del problema exige una solución. Dicho lo cual, la dación en pago con efectos retroactivos que propugnan Stop Desahucios y los partidos de izquierda es tan inviable como peligrosa. Si ya es de por sí difícil que fluya el crédito, de aprobarse una medida semejante se cerraría el grifo de las hipotecas, y las que se concediesen serían por un valor ínfimo del inmueble. Mientras la plataforma referida no invente un procedimiento con arreglo al cual los préstamos sean obligatorios, es evidente que los prestamistas repercutirán el incremento de riesgos en los prestatarios, de una u otra forma. Por otra parte, es la obligación de cualquier entidad de crédito velar por los intereses de los ahorradores que son sus accionistas y propietarios. En otras palabras, las consecuencias –no diseñadas, pero si lamentadas- de una medida bien intencionada sobre el papel será con toda probabilidad que gente joven y modesta se vera excluida del acceso a la vivienda. Además, está la seguridad jurídica de tráfico mercantil, que con todo este asunto puede verse seriamente menoscabada.