Una economía con conciencia social

Ejes de una política progresista V

Con este artículo concluyo la serie “Ejes de una política progresista”, en la que intento dar algunas ideas de cuáles son, en mi modesta opinión, las políticas que cualquier partido progresista debe proponer a los ciudadanos y, evidentemente, realizar desde las distintas responsabilidades de poder que ocupe. Sobre los primeros ejes –la profundización en la democracia y la defensa de la educación pública– habría mucho más que decir y, claro, en sociedades complejas como las que hoy tenemos, estos temas tienen que ser abordados por comisiones plurales de estudio que integren a ciudadanos de a pie, asociaciones, etc. con expertos y políticos para diseñar propuestas que, por un lado, respondan a los problemas de la gente y, por otro, prevean una mejora de las condiciones de vida y convivencia de la sociedad. Estas comisiones tienen que trabajar con los muchos datos disponibles, provenientes de distintas fuentes, y pedir, si fuese necesario, nuevos informes para elaborar sus propuestas. No se trata de lanzar unas cuentas ideas –que es lo que yo hago aquí modestamente– y ya está, sino de trabajar con datos ciertos, aunque también conviene tener claro que los datos son insuficientes si no hay detrás ideas para interpretarlos y para proponer una respuesta a las realidades que los mismos ofrezcan. Ya lo decíamos el otro día: no es cuestión de idear maravillosas fórmulas huecas sino de rellenarlas de contenidos.

Lo mismo hay que decir de los dos últimos ejes que hoy abordo: una economía de libre mercado con conciencia social y ecológica, y una fiscalidad limitadamente progresiva que no haga recaer casi todo el peso de la hacienda pública sobre las rentas del trabajo. Empecemos por este último. En nuestro país, como en otros muchos de nuestro entorno, la mayor parte de los ingresos del Estado proceden de las rentas del trabajo, que son las más fácilmente controlables por la hacienda pública, sobre todo las de los funcionarios y los empleados de grandes empresas que cotizan con nóminas transparentes. Por el contrario, muchas rentas del trabajo de pequeñas y medianas empresas se ocultan al pagarse en dinero negro –recientemente se ha aireado en la prensa un caso concreto que, lejos de ser una anécdota, es muestra de una realidad como la gente sabe–. Además, las rentas de capital tributan menos que las rentas del trabajo, y existen figuras de inversión de capital que prácticamente anulan la tributación, al tiempo que muchos beneficios empresariales se enmascaran legalmente a través de distintas exenciones y desgravaciones. Es destacable que esto lo haya corregido parcialmente el Gobierno del PP, mientras el PSOE no lo hizo, sino que, al revés, lo fomentó en los años de la burbuja. Hay que añadir a esta situación que muchas empresas y autónomos, según distintos informes, no pagan impuestos directos ni seguridad social porque sus negocios forman parte de la llamada economía sumergida, un peligroso submarino cuyos misiles estallarán en algún momento perjudicando a todos. Algunos informes sitúan la economía sumergida de nuestro país en un 25% del PIB. El ministro de Hacienda, en distintas declaraciones, ha dado esta cifra por buena, lo que imaginamos que se traduce en una inmediata puesta en marcha de medidas para poner fin a esta distorsión de nuestra riqueza colectiva, pues conviene tener presente que esa economía que no tribuna no contribuye a financiar los servicios públicos (hospitales, colegios, carreteras, AVE, aeropuertos...) y a los servidores públicos (médicos, bomberos, policías, profesores...), mientras goza de las ventajas que éstos ofrecen.

Una política fiscal progresista tiene que corregir esta disparidad entre la aportación de las rentas del trabajo y las rentas de capital, al tiempo que luche eficazmente contra el fraude fiscal. Habría que ir a una equiparación en los tipos, sin perjuicio de las figuras que puedan hacer atractivas la inversión de capitales extranjeros en nuestro país dentro del mundo globalizado en que vivimos. Las rentas del trabajo deberían tributar progresivamente entre un mínimo exento y un porcentaje máximo del 30% –recordemos que en ocasiones se ha hablado de un tipo único (lo hizo Zapatero) que rondase el veintitantos por ciento–. Los tipos muy altos en las rentas del trabajo, como los actuales, llevan a los particulares que ganan mucho dinero a camuflar sus ingresos con distintas fórmulas legales o vía empresas que tributan como máximo a un 35%, pero acogiéndose a numerosas exenciones y desgravaciones, con lo cual se rebaja considerablemente el pago final. Seguir defendiendo tipos por encima del 50% como una política progresista es absurdo porque los ingresos del Estado por rentas del trabajo que tributan por dichos tipos son, no digo que despreciables, pero sí están muy lejos de la realidad del conjunto de personas que realmente ganan mucho dinero, las cuales, insisto, camuflan las rentas del trabajo como ingresos de otro tipo.

Si tenemos en cuenta otros impuestos como el IVA, impuestos especiales, impuestos municipales como el IBI, etc., la cantidad de dinero que el Estado se queda de la riqueza que produce cada ciudadano es excesiva, sobre todo, en relación a las rentas del trabajo. Mantener un discurso progresista casi decimonónico dista mucho del tipo de sociedad de clases medias presente. Lo importante es que el Estado sea eficiente cobrando los tributos para que la carga de la gestión pública recaiga sobre todos proporcionalmente a sus ingresos y su riqueza. La lucha contra la evasión fiscal y contra la economía sumergida deben ser fundamentos de una política fiscal progresista.

El último eje de la política progresista que propongo es una economía de libre mercado con conciencia social y ecológica. A estas alturas de la historia ya nadie debería creer ni en la bondad de la mano invisible del mercado ni en la maldad intrínseca de lo público. El mercado no está ahí por naturaleza sino que es una invención humana y, como todo lo humano, necesita unas normas para organizarse. Buena parte de nuestros problemas presentes viene de la falta de regulación de algunos sectores, como el financiero y el inmobiliario, que ha facilitado una economía especulativa, cuya quiebra ha arrastrado a todo el mundo. Los poderes públicos han tenido que salir en todo el mundo a socializar las pérdidas de la economía privada de algunas empresas. Si esto es o no correcto y en qué medida se podría haber hecho otra cosa, con el riesgo de que la economía se hundiese todavía más al caer, por ejemplo, varios bancos, es cuestión en la que ahora no entro, pero que conviene tener presente en las propuestas de futuro que diseñe una política progresista.

No se trata de establecer regulaciones que encorseten la economía de libre mercado, la cual, con todos sus defectos, se muestra hasta la fecha como la más eficiente para la creación y reparto de riqueza y bienestar social. No creo que nadie en Europa quiera ir realmente al modelo chino. Es cuestión de regular los mercados para impedir las especulaciones que pongan en riesgo el bien común. La tercera vía fue un intento de conjugar la economía de libre mercado en una sociedad avanzada postindustrial con un Estado del bienestar más o menos desarrollado, pero quizá se contaminó demasiado del discurso neoliberal, con las consecuencias ya vistas. Se trata en este momento de recuperar una defensa de la gestión pública, también, por qué no, en el mundo empresarial, y evidentemente en la sanidad, la educación y otros sectores tradicionalmente vinculados al sector público, pero con nuevos parámetros de eficiencia. Si bien lo público no tiene por qué buscar sólo beneficios económicos –que tampoco tiene por qué menospreciar–, es necesario que la gestión pública busque el equilibrio presupuestario e incluso un beneficio que permita la reinversión para una mejora constante de los servicios públicos. Mantener un Estado del bienestar financiable y que no tienda estructuralmente a un endeudamiento crónico es el gran reto de una política económica progresista.

El otro gran reto es dar los pasos para la transformación de nuestra economía en una sociedad del conocimiento con clara conciencia ecológica. Esto no se puede hacer sólo desde un país, aunque las políticas nacionales son también necesarias. El gran número de personas que en América, Asia y África se están incorporando, afortunadamente, a las clases medias –lo que se traduce en un mayor consumo de bienes y servicios– hace inviable, incluso a corto plazo, un modelo económico de explotación de las riquezas naturales como el actual. La conciencia ecológica, efectivamente expresada en las políticas que se lleven a cabo, tiene que ser un marchamo de la política progresista.