Ángel Pelluz, el defensor sin defensa

Definitivamente, todo tiene un límite. También existe una frontera para los abogados a la hora de cumplir con su trabajo, es decir, de defender a su cliente ante un tribunal de los cargos que se le imputan. Los penalistas siempre lo han tenido peor que el resto de sus colegas, porque ellos, en muchas ocasiones, saben de antemano que sus armas van a servir, o al menos intentarlo, para que el responsable de un acto delictivo no sea finalmente condenado o, en caso de serlo, que se trate de una condena con la pena menos gravosa posible. Por eso, en algunos casos extremos, ellos se llevan las críticas, los insultos y hasta los golpes que, en realidad, algunas personas quisieran arrearle al detenido, pero no lo tienen a tiro. Sin embargo, el derecho de cualquiera a tener un juicio con todas las garantías procesales previstas por la correspondiente ley de enjuiciamiento, hace que sin ellos no sea posible el sistema jurídico de libertades y derechos del que gozamos en los países democráticos. Su presencia impide detenciones ilegales o acusaciones arbitrarias.

Aún así, repito, todo tiene un límite. Por eso, los primeros que hace dos días nos sentimos profundamente avergonzados con las frases vertidas en el escrito de defensa elaborado por Ángel Pelluz, el abogado de dos de los cuatro supuestos “cabezas rapadas” que están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid, fuimos muchos compañeros de profesión. De hecho, el Colegio de Abogados de Madrid no tardó demasiado en emitir un comunicado rechazando el alegato de Pelluz, donde incluso llegaba a afirmar que echaba de menos la Ley de Vagos y Maleantes de 1933. El colegio anunció, además, que actuará de oficio solicitando al tribunal testimonio del escrito de defensa para actuar en consecuencia, en aplicación estricta de la normativa deontológica que regula la actuación de los abogados, incluido el ejercicio del derecho de defensa de sus patrocinados y en el que todo no vale.

Los abogados nunca hemos sido uno de esos grupos profesionales en los que prima el corporativismo, mejor o peor entendido. Me atrevería a decir que, más bien, al contrario. De hecho, no son raras las ocasiones en las que el cliente te llega rebotado de otro despacho y a qué letrado no le ha dicho un cliente, nada más empezar la primera reunión, lo que cree que debe hacerse con “su caso” porque así se lo ha escuchado decir al primo abogado del vecino del 6º. Los abogados no tenemos problema en criticar a las claras lo que ha hecho mal un colega, quizás, por la certeza contenida en ese famoso dicho de que “el error de un abogado lo arregla otro abogado y el del médico, un sepulturero”. Los abogados tenemos una fama terrible, lo sé. La peor probablemente y, sin embargo, la mayoría de nosotros nos hemos quedado de piedra leyendo las perlas defensoras de Pelluz culpabilizando al colectivo al que pertenecía la víctima de la brutal agresión por la que se juzga a sus defendidos, el de los sin techo, por considerar que se trata de un “cáncer de la sociedad”.

Siempre es retorcido culpar a la víctima, aunque sea una fórmula que se utiliza a menudo para salvar la piel de un cliente, pero decir que los mendigos – todos ellos - no son personas, con el único objetivo de defender a los jóvenes que están en el banquillo acusados de moler a palos a Rafael Santamaría, de 35 años, mientras dormía una noche en el interior de un fotomatón de la madrileña zona de Moncloa, es, además de una inmoralidad manifiesta, un tremendo error. Una mala praxis que perjudica a sus propios defendidos, a quienes, por otra parte, algún abogado recomendará que demanden a Pelluz para exigirle responsabilidad civil por el patinazo en su defensa. De modo que no es de extrañar que el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, se haya sumado a las declaraciones de rechazo realizadas por el colegio profesional de los abogados madrileños. Él, incluso, va más allá y asegura que el escrito de Pelluz contiene expresiones que pueden constituir “clarísimamente” un delito de incitación a la violencia contra los mendigos. “La vagancia”, ha escrito Pelluz, “el constituirse en parásito de lo decente, lleva a la repulsión”. Y también: “La ocupación de terreno público por quien no se procura una existencia es causa de rechazo en otras personas que cumplen con las leyes”. Más aún: “Si el trabajar es un derecho, también es un deber y la vagancia no está recogida en nuestra Carta Magna”.

Algunos han querido justificar estas frases aludiendo a la avanzada edad de Pelluz, pero está claro que, a pesar de ella, el letrado continúa ejerciendo y que sus años, más que servir como excusa, lo que hacen es sorprender de que aún pueda albergar ese tipo de sentimientos, ya que es precisamente con el paso de la vida como se aprende a valorar la fortuna de tener un techo, una familia, comida, trabajo y salud. No, ya sé que los abogados, por fortuna, no estamos de acuerdo con las alegaciones que nuestro oficio a veces nos obliga a realizar. Pero, entonces, lo que resulta todavía más difícil de creer es que su dilatada experiencia no le haya hecho valorar el tremendo desacierto de su ¿estrategia? de defensa. En todo caso, lo único que Pelluz ha declarado desde que sus palabras trascendieran a la opinión pública es que, quizás, no se había explicado correctamente, aunque enseguida insistió en que los mendigos son cánceres de la sociedad: “Yo, si tengo un cáncer, el médico no me pone paños calientes; me lo extirpa. Pues esto es igual”, declaró a la agencia Europa Press, añadiendo: “La mierda siempre se ha recogido”. Más vale que nadie le pregunte qué es lo que haría después con ellos.