¿Qué hemos hecho mal?

No deberíamos buscar fuera la explicación de nuestras desgracias, atribuyéndolas a la crisis, mucho menos al designio malvado de quien no nos quiere o persigue nuestra perdición. Deberíamos seguir el consejo agustiniano y mirarnos antes que nada a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho mal? Pues si la cuestión es no sólo cómo salimos de esta, sino como evitar volver a las andadas, no podemos escamotear una reflexión profunda sobre las causas verdaderas de nuestra difícil situación.

Creo que lo que ha ocurrido es que hemos descuidado las exigencias de la cultura constitucional, creyendo que el compromiso con el edificio institucional que establecimos el momento fundacional de 1978 era suficiente para asegurar la salud de nuestra democracia. Fue tan grande la hazaña de renovar el Estado, superando los fundamentos del franquismo, que descuidamos, después, la labor de vigilancia sobre el sistema, creyendo que bastaba con mantener las estructuras democráticas originarias para asegurar un funcionamiento adecuado de las mismas. Pero lo cierto es que las democracias requieren no sólo de la sagacidad y la virtud de los fundadores sino de un esfuerzo sostenido de mantenimiento de quienes ocupan las instituciones en el transcurso del tiempo. Es la práctica, la rutina si se quiere, lo que requiere de continua vigilancia, impidiendo que los intereses privados desnaturalicen la actuación de los órganos públicos y aparezca la corrupción como degeneración del Estado. La naturaleza, sino se enmienda por la cultura, lo sabemos desde Aristóteles, empuja a las formas políticas que de puras devienen en corruptas o degradadas.

La Constitución es la obra de la revolución, y la lleva a cabo un puñado de sujetos esclarecidos, los padres fundadores. Su obra es admirable y denota en muchas ocasiones sabiduría y coraje. Pero es cierto también que la labor revolucionaria cuenta con el ethos del momento, se ve favorecida por la ocasión, que logra sacar en tal oportunidad lo mejor de los patriotas, que, como diría Hannah Arendt, actúan en la Fundación. Es más difícil mantener la Constitución, superar el desgaste que conlleva la rutina, renovando el compromiso con las decisiones tomadas tiempo atrás por la generación de los fundadores.

La labor de conservación de la Constitución no puede encomendarse exclusivamente a órganos o instituciones a los que corresponde la guarda jurídica de la Norma Fundamental. Pues no hablo de conservar la letra de la Constitución, respetando lo que podríamos llamar la ley constitucional, impidiendo su vulneración flagrante, aunque esta cuestión no sea pequeña, como lo demuestra la reticencia de algunos a aceptar la supremacía constitucional sobre las normas inferiores, como un Estatuto, o la disposición de algunos intérpretes, en trances difíciles, a eludir las prescripciones constitucionales ciertas, lo que Lavinson llama la constitución de la organización (The Constitution of Settlement ).

Hablo de respetar el espíritu constitucional, poniendo en consonancia la cultura política efectiva del sistema con los valores constitucionales. Desde este punto de vista nuestra Constitución no necesita reforma sino sencillamente cumplimiento. No es necesario cambiar la Constitución, esto es, la decisión del pueblo español sobre su configuración política, sino cumplirla, renovando el compromiso de los agentes políticos con su verdadero sentido, prolongando la voluntad de los constituyentes, continuando la obra de la generación de la transición. En este sentido todos deberíamos ser originalistas, esto es, todos deberíamos mantenernos fieles antes que a lo que los padres fundadores dejaron escrito en la Constitución, quiero decir su letra, a lo que querían conseguir con la Constitución, esto es, la observancia de su espíritu.

Me parece que hay un mensaje ineludible de los constituyentes de 1978 y es el de la dignidad del Estado y de la función pública. Los constituyentes atribuyeron a lo público, a la dedicación a la tarea política, un relieve moral, una trascendencia ética, que impedía su apropiación por intereses partidistas o sectoriales. De haber sido fieles a los constituyentes deberíamos haber reaccionado con mayor firmeza y contundencia frente a quienes han utilizado el Estado para enriquecerse, pervirtiendo el sentido de la actuación pública, que no es otro que el servicio a los intereses generales de la colectividad. Asimismo debimos haber combatido atrozmente contra quienes, no infrecuentemente, han ocupado en términos incompatibles con la Constitución, esto es, con actitud partidista y no pública, o sea, sectariamente, las instituciones del Estado.

Lo que necesita entonces nuestro Estado no es especialmente un cambio de leyes, y mucho menos de Constitución, aunque la renovación en ambos planos de nuestro sistema político aparezca como plausible. Lo que requerimos sin demora es una regeneración que recupere efectivamente, en el plano de la práctica y no sólo en el nivel normativo, la cultura constitucional que hizo posible nuestra Ley Fundamental de 1978 y cuya flojera u olvido está en la raíz de nuestra actual situación.