Una veintena de detenidos por los ERE fraudulentos

El Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contabiliza por el momento 20 detenciones, nueve imputados citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y 13 registros en la operación simultánea que desarrolla en las provincias de Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria en relación con la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía y no descarta que se produzcan "al menos" dos detenciones más.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, las 20 detenciones se han producido nueve en Barcelona, que serían cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank; cuatro en Sevilla, entre ellos Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" de la trama, y José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís ya imputado en la causa; tres en la provincia de Cádiz; uno en la provincia de Granada, Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, imputado en la causa como 'conseguidor' de la trama; y uno en Las Palmas de Gran Canaria.

Junto a ellos, nueve personas ya imputadas en la causa han sido citadas a declarar ante la juez Mercedes Alaya, cuatro en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Jaén, uno en Madrid y otro en Cádiz. Entre ellos figuran el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que declara ante la magistrada desde las 14,15 horas; el exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por la causa de los ERE y por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla; y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal y el administrador de la consultora Uniter José González Mata, también imputados en la causa de los ERE.

Por último, en el marco de la operación se han practicado un total de 13 registros, cuatro de ellos en la provincia de Jaén (todos ellos en domicilios, uno en la capital y tres en Albanchez de Mágina -localidad natal del 'conseguidor' Juan Lanzas-); cuatro en la provincia de Sevilla ( dos en empresas y dos en domicilios); otros dos en la provincia de Cádiz (uno en empresa y otro en domicilio); otros dos en la provincia de Granada (uno en empresa y otro en domicilio); y uno en un domicilio de Madrid.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, las detenciones se están practicando dentro de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario a fin de investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

Los investigadores han detectado que empresas en suspensión de pagos solicitaban la aprobación de expedientes de regulación de empleo para sus trabajadores, que estaban cubiertos por pólizas de seguros.

Esas pólizas de seguros eran contratadas con empresas mediadoras a cambio del cobro de comisiones ilegales, de forma que los empleados sujetos al ERE salían beneficiados económicamente al ser despedidos y también las empresas, que recibían no solo una comisión de la mediadora sino las subvenciones de la Junta de Andalucía por el expediente de regulación de empleo. Una vez "liquidada" la empresa, volvían a montar otra para continuar su actividad fraudulenta.

Las posibles comisiones
Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría 'Hermes Consulting' y 'Maginae Solutions' habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros por su papel de "intermediación" en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

"Segunda fase"
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha explicado que esta operación, ya "bajo secreto de sumario", constituye "la segunda fase" de la investigación promovida en torno a la administración y destino de los fondos de la partida presupuestaria 31L. Las actuaciones, según ha manifestado, versan sobre una serie de "empresas mediadoras que ofrecían la búsqueda de financiación a aquellas empresas" que promovían "reestructuraciones" laborales. "Es la segunda fase", ha insistido Crespo, quien ha recordado que, hasta ahora, todo el conjunto de la investigación contaba con "116" detenciones e imputaciones".

Piden explicaciones a Griñán
El portavoz adjunto del PP en el Congreso Rafael Hernando ha exigido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras considerar que la veintena de detenciones relacionadas con los ERE fraudulentos en esa comunidad demuestran una trama a la que él no podía ser ajeno.

Para el dirigente del PP estas detenciones hacen "evidente" que "ha existido una trama dedicada a organizar todo ese proceso dentro de la Junta de Andalucía". "Y es evidente que a esta trama no podía ser ajeno en ningún caso quien en su día fue consejero de Economía y ahora presidente de la Junta", ha subrayado en referencia a Griñán.

Por ello, le ha exigido que comparezca para dar las explicaciones pertinentes "y frenar esos intentos de evasión de la realidad en los que ha estado inmerso durante todo este tiempo".

Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, expresa su "total respeto y apoyo" a la actuación judicial por la causa abierta por los ERE y espera que contribuya a esclarecer "con prontitud y rigor" este caso.