Opera en la sombra con la mayor efectividad y, en apenas unas semanas, ha tenido que salir a la luz, donde no se encuentra cómodo, para dar cuenta de sus actividades. El Centro Nacional de Inteligencia, nuestros servicios de espionaje, a pesar de los recortes fruto de la crisis, siguen defendiendo a España de todo tipo de amenazas internas y externas: desde la sofisticada piratería informática hasta la amenaza terrorista de corte islámico.
En las últimas semanas, el
Centro Nacional de Inteligencia se ha visto salpicado por diversos asuntos de actualidad que le han obligado a abandonar las sombras, en las que se desenvuelve con soltura, para tener que dar la cara y rendir cuenta de sus actividades.
Su actual director y máximo responsable,
Félix Sanz Roldán, comparecía a puerta cerrada esta misma semana ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados para explicar la relación del Estado español con
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de la que se llegó a decir que contaba con una escolta personal formada por agentes del CNI.
Además, la reciente filtración de un vídeo en el que supuestamente aparecen varios soldados españoles
apalizando a prisioneros iraquíes ha servido de excusa a algunos partidos políticos para pedir explicaciones de nuevo al CNI sobre la veracidad de las imágenes y sobre si tenía conocimiento de las mismas.
Estos dos casos, diferentes entre sí, dan buena cuenta de lo largos que llegan a ser los tentáculos de los servicios de inteligencia y espionaje españoles, que desde el alto el fuego permanente declarado por la banda terrorista
Eta han tenido que redirigir su gran cantidad de recursos técnicos y humanos hacia otros objetivos y funciones.
Sede del Centro Nacional de Inteligencia en Madrid. Foto: EfeEn la actualidad, y desde 2006, el Centro Nacional de Inteligencia depende de la Presidencia del Gobierno español y suele hacer labores para dos ministerios en concreto: el de
Defensa y el de
Interior. Asimismo, desarrolla su labor en estrecha colaboración con otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, con los que trabaja codo con codo en el seguimiento y neutralización de posibles amenazas.
Cuenta con algo más de medio millar de empleados (la CIA, su hermano estadounidense, tiene en plantilla a cerca de 20.000) y su sede central se ubica en
Pozuelo de Alarcón (Madrid), muy cerca del hipódromo de La Zarzuela.
Su labor, según reza en su propia página web, es
"facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".
Con un presupuesto de poco más de
200 millones de euros que ha ido menguando en los últimos ejercicios debido a la crisis (un 7,9 por ciento en los últimos Presupuestos Generales), la Inteligencia española tiene que hacer frente a todos aquellos riesgos que amenazan la seguridad de nuestro país, desde la
ciberdelincuencia pasando por el
terrorismo islamista o, como no, los
servicios secretos y de espionaje de otros países y Eta y sus miembros en búsqueda y captura.
Sus actividades están protegidas por la
Ley Orgánica 11/2002, que también blinda al organismo y a sus empleados, su estructura interna, sus sedes, las operaciones en las que se ve inmerso, sus fuentes y los procedimientos de la luz pública. Es bajo el amparo de esta normativa por la que Sanz Roldán pudo comparecer a puerta cerrada ante sus señorías y no a puerta abierta como se hace en el resto de comisiones parlamentarias.
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